El calvario de los trabajadores del Centro Infantil Integrado

RIO GRANDE.- La historia del Centro Infantil Integrado de Río Grande es un relato de promesas incumplidas. Dos años después de su clausura, el edificio permanece cerrado, dejando a sus trabajadores en una situación de total precariedad laboral. La reubicación, ordenada la semana pasada por el Gobernador Gustavo Melella, se presenta como una medida provisional ante la paralización de una obra que, a estas alturas, parece no tener fin.

El establecimiento fue cerrado el 15 de septiembre de 2023 a raíz de reclamos históricos del personal por el deteriorado estado de las instalaciones, lo que ponía en peligro a los chicos y a los trabajadores. La respuesta del gobierno provincial fue una refacción integral, para la cual se asignó un presupuesto de $189.000.000, con el objetivo de garantizar la seguridad y el confort de niños y trabajadores. El plazo estimado para la finalización de los trabajos era de tan solo seis meses, lo que situaba la reapertura en marzo de 2024.

Sin embargo, la realidad ha superado las previsiones más pesimistas. No solo no se cumplió el plazo inicial, sino que el proyecto se ha visto plagado de irregularidades. Una de las empleadas consultadas, que prefirió mantener su anonimato, describió la situación con frustración. “Estamos yendo de un lado a otro… el resto del personal… solamente estamos cumpliendo horario, pero no estamos trabajando con niños”. La falta de tareas concretas refleja el caos generado por una obra que parece no avanzar.

Las complicaciones técnicas también han sido un factor clave en los retrasos. La trabajadora detalló un incidente en el que se instalaron ventanas fijas en las salas, un error de diseño que obligó a replantear gran parte de la obra. “Necesitamos aunque sea que una ventana por sala se abra”, explicó, revelando que este contratiempo significó un retroceso de varios meses en el cronograma, además de generar un conflicto entre la empresa contratista y las autoridades por el reajuste de precios.

El caso del Centro Infantil Integrado no es solo una cuestión de plazos incumplidos; es un cuestionamiento directo a la gestión de los recursos públicos. La promesa de una refacción que traería seguridad se ha desvanecido, dejando a los trabajadores y a la comunidad en un estado de desamparo y poniendo en evidencia la necesidad de una rendición de cuentas sobre los fondos invertidos en una construcción que hoy no tiene destino claro.