Cuestionan pagos de adicionales en el puerto mientras la actividad sigue limitada

USHUAIA.- La continuidad de pagos por conceptos extraordinarios en el ámbito portuario abrió un foco de tensión en la administración pública fueguina. Con la actividad restringida desde la intervención nacional de enero, crecen los cuestionamientos por la liquidación de adicionales a trabajadores sin tareas operativas asignadas.

El esquema vigente sostiene ingresos por guardias y horas extra en la Dirección Provincial de Puertos, aun cuando la operatoria en la terminal de Ushuaia quedó acotada a un grupo reducido de agentes habilitados. El resto del personal permanece fuera de las instalaciones, sin participación en la actividad diaria.

Según pudo saber este medio a partir de documentación interna, en algunos casos los montos por estos conceptos superan el millón de pesos mensuales, lo que profundiza el contraste con otras áreas del Estado provincial donde los salarios no alcanzan esos niveles ni siquiera con adicionales.

El tema comenzó a generar ruido puertas adentro del propio sector público, donde se advierte una diferencia difícil de justificar en el actual contexto económico. “No se discute el salario, sino los ítems que se están pagando sin prestación efectiva”, señalaron fuentes consultadas.

Mientras tanto, la actualización del cuadro tarifario del puerto, oficializada recientemente por Nación, reordenó los costos para los usuarios, pero dejó en segundo plano la discusión sobre el impacto que estas liquidaciones tienen en las cuentas provinciales.

Desde el Ejecutivo no hubo precisiones sobre los criterios adoptados para sostener estos pagos. En ámbitos sindicales, en tanto, se interpreta que la decisión busca evitar un conflicto mayor en medio del proceso de reconfiguración institucional del puerto.

Más allá de las razones políticas o gremiales, el punto en debate gira en torno al uso de fondos públicos para cubrir adicionales vinculados a tareas que hoy no se desarrollan. La situación expone una tensión creciente entre la necesidad de sostener ingresos y la exigencia de racionalizar el gasto estatal.