Rio Grande: 6°
7° / 6° - Muy nuboso
8° / 8° - Nubes dispersas
USHUAIA.- El bloque oficialista PJ–FORJA tomó la drástica determinación de iniciar el tratamiento de la Pauta de Gastos 2026, lo que desató una fuerte controversia política en la provincia. La discusión comenzó este martes en la Comisión Nº 2, a pesar de que la iniciativa aún carece del indispensable estado parlamentario para su análisis.
El legislador Federico Sciurano, presidente de la comisión, convalidó la movida al habilitar el debate. Esta decisión institucional roza la inconstitucionalidad, ya que permite avanzar sobre un texto que no cumplió con el mecanismo formal de ingreso, un control que exigen tanto la Constitución provincial como el reglamento interno de la Cámara.
La Ley de Leyes 2026 prevé un gasto total de $2,28 billones, financiado por recursos estimados en $2,23 billones. A pesar de que el resultado económico se presentó “acomodado” en $39.752 millones, el presupuesto está fuertemente condicionado por un abultado déficit financiero de $49.192 millones.
La decisión de acelerar el tratamiento sin la sesión previa expuso las profundas fricciones dentro de las propias filas del PJ–FORJA. Dentro del bloque conviven sectores que ejercen presión para agilizar votaciones relevantes y aquellos que optaban por preservar las formas institucionales para evitar un desgaste político innecesario. El debate se convirtió así en un nuevo escenario para la medición de fuerzas y el reacomodo de intereses dentro de la coalición gobernante.
En este contexto, cabe señalar que para que cualquier proyecto de ley pueda ser analizado, la Legislatura debe sesionar y otorgarle el estado parlamentario. Sin ese trámite indispensable, el texto no tiene ninguna existencia formal. A pesar de esta exigencia, la Comisión Nº 2, dominada por el bloque oficialista, recibió instrucciones directas del gobernador Gustavo Melella para avanzar en la discusión sin esperar el ingreso formal del expediente.
La figura de Sciurano resultó fundamental en esta coyuntura. Como máxima autoridad de la comisión, tenía la obligación de asegurar que el debate se iniciara sobre un proyecto válido, pero optó por habilitar el análisis sin exigir la sesión previa correspondiente.
Esta actitud generó comentarios mordaces en los pasillos de la Cámara. Diversos sectores interpretan la jugada de Sciurano como la de un aliado de circunstancia, funcional para sostener decisiones que requieren una rapidez inusual por encima de la rigurosidad institucional.
El procedimiento irregular abrió un intenso debate de índole constitucional sobre la validez de todo el tratamiento. Para las bancadas de la oposición, este accionar constituye un salto institucional difícil de justificar, que además sienta un precedente riesgoso al habilitar que cualquier proyecto avance sin el control formal exigido por las normas.
Mientras se dirime la controversia sobre la legalidad del proceso, la agenda de trabajo de la comisión sigue su curso. A lo largo de noviembre, la Comisión 2 convocará a funcionarios de Jefatura de Gabinete, Economía, AREF, Salud, Producción, Educación, OSEF, Obras Públicas, Energía, INFUETUR, Puertos, la Caja de Previsión Social (CPS), el Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial, entre otros organismos. Todos los citados deberán defender sus partidas sobre un documento que, técnicamente, aún se encuentra fuera del proceso legislativo formal.
