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RIO GRANDE.- El avance de los ataques de perros asilvestrados al ganado volvió a instalar el problema en el debate legislativo chileno, particularmente en la Región de Magallanes y en Tierra del Fuego. Frente a esta situación, dos proyectos que se encuentran en discusión en la Cámara de Diputados buscan modificar el marco legal y otorgar nuevas herramientas para enfrentar a estos animales.
Una de las principales novedades de las iniciativas es que contemplan el control letal de perros asilvestrados, aunque bajo determinadas condiciones y dentro de un esquema regulado. No se trata de una autorización general para matar perros que se encuentren sueltos, sino de establecer mecanismos específicos para controlar animales que hayan adquirido comportamiento salvaje o feral y representen un riesgo para personas, ganado o fauna silvestre.
Una amenaza
Uno de los proyectos propone considerar a los perros asilvestrados como una amenaza para la biodiversidad y el patrimonio ambiental chileno, incorporándolos dentro de categorías que permitan aplicar medidas de captura, control y disposición. La iniciativa plantea que esas acciones puedan desarrollarse cuando tengan como finalidad proteger la salud pública, la seguridad de las personas, la fauna nativa o la propiedad privada y se realicen conforme a protocolos técnicos y sanitarios.
Depredadores
El segundo proyecto establece un marco especial para los denominados perros salvajes o ferales, diferenciándolos de las mascotas y animales de compañía. En su articulado define a estos animales como aquellos que viven libremente, han perdido el contacto con los seres humanos y presentan un comportamiento depredador que representa un riesgo para la integridad y la seguridad.
La propuesta también contempla que los propietarios o responsables de animales de producción que sufran ataques puedan implementar sistemas de captura dentro de sus predios, siempre que previamente se haya efectuado la denuncia correspondiente y existan antecedentes vinculados con la presencia de perros asilvestrados.
Pero el punto que genera mayor impacto es la posibilidad de recurrir al control letal. El proyecto establece condiciones bajo las cuales las acciones de captura, control o disposición de estos animales quedarían exceptuadas de las sanciones previstas para el maltrato animal.
Además, plantea modificar el Código Penal para establecer como eximente de responsabilidad penal la actuación de una persona que se defienda, defienda a un tercero o proteja su ganado frente a un ataque actual o inminente de uno o más perros salvajes o ferales.
De esta manera, la discusión parlamentaria no se limita a crear mecanismos para capturar a las jaurías. Las iniciativas avanzan sobre una cuestión más controvertida: establecer legalmente bajo qué circunstancias puede aplicarse un control letal sobre estos animales.
Una problemática que afecta a todos
La medida aparece como respuesta a un problema que afecta desde hace años a los productores de Magallanes. Según antecedentes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), durante el período 2012-2025 se registraron 170 denuncias por ataques de carnívoros al ganado en la región, con 4.950 animales afectados. Los perros estuvieron involucrados en el 72% de las denuncias y representaron el 82% de los animales afectados.
Tierra del Fuego concentra una parte significativa de esos episodios. De acuerdo con los registros difundidos, 73 de los 122 ataques registrados en la provincia durante ese período correspondieron a hechos ocurridos en territorio fueguino, con 3.284 animales afectados.
La problemática volvió a cobrar fuerza durante 2026, luego de nuevos ataques contra establecimientos ganaderos de la zona. Productores de Tierra del Fuego chilena reclamaron respuestas de las autoridades y llegaron a advertir con trasladar hasta la Municipalidad de Porvenir las cabezas de los animales muertos si no se adoptaban medidas concretas.
En paralelo, los ganaderos recurrieron a la Justicia ante la reiteración de los ataques y cuestionaron las limitaciones que actualmente tienen los organismos estatales para intervenir sobre las jaurías.
Precisamente, una de las dificultades que buscan resolver los proyectos es la falta de herramientas legales claras para determinar quién puede intervenir, cómo puede hacerlo y bajo qué condiciones puede efectuarse el control de estos animales.
Las dos iniciativas se encuentran en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y son analizadas por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.
Por ahora, ninguna de las medidas está vigente. Si el Congreso chileno avanza con la reforma, el país podría contar por primera vez con un marco específico que habilite mecanismos de captura y control de perros asilvestrados y que, bajo circunstancias determinadas, contemple expresamente el control letal como una de las herramientas para enfrentar las jaurías que atacan al ganado, las personas y la fauna nativa.
