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USHUAIA.- El ex juez electoral de Tierra del Fuego, Isidoro Aramburu, salió al cruce de Jorge Canals luego de las declaraciones del jefe de Gabinete contra la jueza Mariel Zanini y consideró que el funcionario provincial cruzó un límite institucional al intentar desacreditar públicamente a una magistrada que debe intervenir en el proceso constituyente impulsado por el oficialismo.
Aramburu calificó de “irresponsable” la reacción del funcionario y sostuvo que el Ejecutivo provincial busca responsabilizar a la Justicia por una crisis que, según afirmó, fue generada por la propia conducción política de la reforma constitucional.
“Increíble la reacción irresponsable del jefe de gabinete. Como no le gusta la decisión de la Justicia ataca al sistema republicano de división de poderes y cree que con ello va a amedrentar a la jueza”, expresó el ex magistrado.
Las declaraciones aparecen en medio de la fuerte controversia abierta tras la decisión de Zanini de no avanzar por ahora con el cronograma electoral de convencionales constituyentes hasta tanto intervenga el Ministerio Público Fiscal y se despejen las dudas jurídicas que rodean al proceso.
Para Aramburu, el problema institucional no nace en el ámbito judicial sino en las propias contradicciones políticas alrededor de la reforma. “La incertidumbre no la genera la Justicia Electoral, la genera la política porque hoy está en curso una ley que se opone a la reforma”, sostuvo.
El ex juez también defendió la actuación de la magistrada frente a las críticas del oficialismo y remarcó que la jueza no puede transformarse en una herramienta política del Gobierno provincial. “Ese conflicto de poderes no lo debe resolver la jueza y no debe tomar partido fuera de la legalidad porque además el pueblo le exige imparcialidad”, afirmó.
Uno de los puntos que más polémica generó fue la ofensiva mediática encabezada por Canals contra Zanini. El jefe de Gabinete llegó a afirmar públicamente que la jueza realizaba “activismo judicial mal entendido”, que “ponía palos en la rueda” y que generaba “incertidumbre artificial” sobre el proceso constituyente.
La frase que terminó profundizando el conflicto fue otra. “Eso lo sabe cualquier abogado recién recibido”, disparó Canals en declaraciones públicas que distintos sectores interpretaron como un intento de ridiculizar y erosionar la autoridad de la magistrada.
Lejos de moderar el tono, el funcionario también acusó a la jueza de utilizar al Ministerio Público Fiscal “como escudo para no definirse”, pese a que la intervención fiscal forma parte de mecanismos previstos dentro del funcionamiento judicial ordinario.
Aramburu respondió directamente a ese cuestionamiento y sostuvo que “la vista al fiscal no es una traba como mal cree el jefe de gabinete. Es un procedimiento regular y necesario, una prudente y legal intervención que es imprescindible dar en este contexto”.
Además, recordó que el Ministerio Público Fiscal tiene justamente la función de resguardar la legalidad y los intereses generales de la sociedad frente a escenarios de conflicto institucional.
El trasfondo político es cada vez más delicado para el oficialismo fueguino. La reforma constitucional impulsada por el Gobierno quedó envuelta en disputas judiciales, cuestionamientos legislativos y crecientes críticas opositoras respecto de la legalidad del procedimiento. En ese marco, la ofensiva pública de Canals contra la Justicia terminó agravando todavía más la tensión entre poderes del Estado.
Para distintos sectores políticos y judiciales, la imagen que dejó el Gobierno provincial es la de una administración cada vez más confrontativa frente a cualquier decisión judicial que no se alinee con sus intereses políticos inmediatos.
Finalmente, Aramburu pidió al Ejecutivo bajar el nivel de confrontación institucional y actuar con mayor prudencia frente al escenario abierto. “El Gobierno debe calmar sus nervios y debe serenarse. La prudencia es la consejera para todos los poderes del Estado”, concluyó.
