Alarma por el desplazamiento de las políticas ecológicas en la gestión pública

USHUAIA. Los referentes de la Asociación Manekenk manifestaron su malestar ante lo que definieron como una desarticulación institucional en las dependencias oficiales encargadas de la ecología. La entidad sostiene que el debilitamiento administrativo pone en jaque el cumplimiento de las leyes vigentes y el derecho de los fueguinos a un entorno preservado, en un momento donde las consecuencias del calentamiento global golpean con fuerza los ecosistemas de la zona.

En un escenario donde ganan terreno los discursos que intentan negar la urgencia climática, la ONG considera inadmisible que el sector público achique sus equipos de gestión ambiental. Para los activistas, estas medidas aumentan la fragilidad de la población ante posibles desastres naturales y alimentan relatos que buscan minimizar la severidad de la situación socioambiental actual.

El foco del reclamo a nivel provincial apunta a la reciente salida de las autoridades de la Secretaría de Ambiente. El Ejecutivo todavía no ha designado a profesionales que igualen la jerarquía o la idoneidad técnica de quienes dejaron sus puestos, lo cual genera un bache operativo que detiene proyectos estratégicos y quita herramientas de fiscalización sobre las industrias que operan en la isla.

La situación se traslada también al ámbito municipal de la capital, donde se observa una pérdida de continuidad en los programas de planificación urbana. Los ambientalistas alertaron que Ushuaia sufre una presión constante por el crecimiento demográfico, por lo que la quita de personal especializado en las áreas de control forestal y costero resulta una señal sumamente preocupante para el futuro de la ciudad.

Esta realidad local se acopla a una tendencia de ajuste que se percibe a escala nacional, marcada por el avance de proyectos extractivos y las presiones para modificar normativas fundamentales como la Ley de Glaciares. En ese contexto, la organización afirma que la desatención de las carteras locales forma parte de una política de retroceso que le quita fuerza al Estado para custodiar los bienes que pertenecen a toda la comunidad.

Tierra del Fuego cuenta con recursos naturales únicos, entre los que se destacan las turberas y los humedales costeros, que dependen de una vigilancia pública activa para su supervivencia. Sin organismos técnicos fortalecidos, desaparecen las evaluaciones de impacto rigurosas y se pierde la posibilidad de sostener programas de educación o espacios de consulta donde los vecinos puedan participar de las decisiones.

La advertencia de Manekenk concluye señalando que el vaciamiento de estas oficinas no es un hecho inocuo, sino una postura política que favorece la falta de claridad en los controles. Según expresaron, la ausencia de fiscalización estatal abre la puerta a nuevos focos de conflicto por el uso del suelo y el agua en un territorio geográficamente vulnerable.

Finalmente, la asociación aseguró que no dejará pasar estos cambios sin ofrecer resistencia institucional. Exigen que se repongan los rangos de las autoridades desplazadas y se dote de presupuesto real a las áreas de ambiente, bajo la convicción de que el desarrollo de la provincia no puede sostenerse si se sacrifica el patrimonio natural que asegura la viabilidad de la vida en la región.