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USHUAIA.- El recinto de comisiones de la Legislatura fue escenario este jueves de un debate áspero y condicionado por la distancia. La esperada exposición de YPF sobre su retirada de la provincia se vio reducida a una precaria conexión de Zoom desde Buenos Aires, que obligó a los diputados locales a lidiar con constantes interrupciones de señal. Ante la imposibilidad de una comunicación fluida, se llegó al extremo de pedir a los asesores y periodistas presentes que apagaran sus dispositivos para no saturar el servidor y poder captar, aunque sea de a ratos, las explicaciones de la compañía.
En ese contexto de accidentada virtualidad, salió a la luz el impacto económico real de la retirada: la petrolera nacional arrastra un balance negativo que ronda los 80 millones de dólares anuales en sus operaciones locales.
No se trata de un fenómeno reciente, ya que la caída en las cuentas se viene profundizando año tras año desde 2018. Los detalles técnicos fueron brindados por Gabriela Castillo, quien además de encabezar la cartera de Obras Públicas, asumirá el rol de directora en la estatal Terra Ignis Energía S.A. para pilotear el nuevo esquema.
La postal política del encuentro dejó un sabor amargo por la falta de interlocutores. Castillo fue prácticamente la única voz del Ejecutivo que puso la cara frente a los legisladores, ante la ausencia de otros cuadros técnicos o gerenciales de la firma que tomará el mando. Esta soledad administrativa generó malestar en un debate donde lo que se pone en juego es el manejo de una caja millonaria y el futuro de una industria que ya no rinde como antes.
El diagnóstico sobre la salud de los yacimientos fue contundente y poco alentador. De acuerdo a lo expuesto, hoy solo quedan 273 pozos con actividad extractiva, mientras que una mayoría de 330 unidades están siendo evaluadas para su cierre definitivo o ya se encuentran en lista de espera para el abandono.
El panorama describe campos agotados, donde los costos de mantenimiento suben por el ascensor mientras que la producción de crudo y gas baja por la escalera.
Para intentar enderezar el rumbo, el Gobierno provincial propone un ajuste de tuercas administrativo con el fin de recortar ese déficit de 80 millones de dólares a la mitad. El objetivo es llevar el gasto operativo a un nivel de 3 millones de dólares por mes, aunque los propios expositores admitieron que el beneficio para las arcas públicas no sería para nada descollante. Se estima que, con viento a favor, el alivio fiscal apenas rozaría el 10% de los números actuales.
La hoja de ruta oficial marca el mes de marzo como el punto de partida para ver algún resultado positivo, siempre sujeto a que los niveles de extracción no sigan cayendo. En el medio, la mayor preocupación social radica en el destino de 500 familias que dependen de estos empleos. Los trabajadores perciben haberes que superan los 5 millones de pesos mensuales, una cifra que explica por qué el oficialismo intenta acelerar el traspaso a pesar de recibir una estructura que, financieramente, hoy es un saco roto.
Sin consensos
En el plano legislativo, la iniciativa no logró reunir las firmas necesarias para obtener un dictamen formal. Sin embargo, el plan de la bancada oficialista es llevar el proyecto al recinto este lunes 22 a las 17 horas para forzar su votación directa. Se espera una sesión maratónica, ya que también pretenden incluir el proyecto de ampliación del ejido urbano bajo la misma modalidad, confiando en que cuentan con las manos necesarias para convertir ambos temas en ley.
Lo que quedó flotando en el aire tras la reunión fue que ya no se discute solamente quién opera las válvulas, sino quién paga la cuenta de un modelo agotado. Con pozos que dieron lo mejor de sí y márgenes de ganancia que se evaporan, la provincia se enfrenta al desafío de gestionar una transición compleja en un marco de recursos escasos y una urgencia política que no admite demoras.
