AMET lanzó un duro cuestionamiento a la Junta de Clasificación Docente

USHUAIA.- La discusión por el funcionamiento de la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Secundario sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía de Estado advirtiera deficiencias en los procedimientos utilizados para confeccionar los listados docentes. Desde AMET, su secretario general, Juan Carrizo, respaldó el dictamen y volvió a reclamar cambios en el organismo.

El Dictamen F.E. N.º 11/2026, emitido el 10 de septiembre, surgió a partir de una presentación realizada por AMET por presuntas irregularidades en el listado docente correspondiente al ciclo 2026. La Fiscalía sostuvo que los problemas detectados excedían casos particulares y señaló deficiencias en los procedimientos, controles y mecanismos utilizados para la clasificación.

Carrizo recordó que el reclamo gremial comenzó en marzo, cuando AMET detectó diferencias entre los listados definitivos de 2025 y los correspondientes a 2026.

“Nos parece importante el dictamen. Esto nace en el mes de marzo, cuando nosotros iniciamos un reclamo por nuevas irregularidades que detectamos en los listados definitivos de nivel secundario, con grandes diferencias entre los listados 2025 y el listado 2026 que empezaba a funcionar a partir de los primeros días de marzo”, explicó en declaraciones al programa “El Cronista Urbano”, de Radio Provincia.

Según detalló, el gremio presentó ante la Fiscalía distintos casos considerados “testigo”, correspondientes a docentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, para que se analizaran situaciones que, a criterio de la organización, podían mostrar problemas más amplios en los criterios de clasificación.

“Teníamos docentes que el año pasado aparecían merituados para cargos jerárquicos en determinados colegios y este año los habían sacado porque por decisión de la Junta dijeron que este año el título no era válido para esos cargos. Pero el año pasado y el anterior sí habían estado merituados y habían estado bien merituados para esos cargos”, sostuvo Carrizo.

Uno de los puntos señalados por el dirigente está relacionado con profesionales universitarios que posteriormente realizaron una certificación docente. Según explicó, esos trabajadores habrían sido considerados docentes para determinados espacios curriculares, pero no para acceder a cargos jerárquicos.

“A otros docentes que eran profesionales universitarios que hicieron la certificación docente, que estudiaron dos o tres años más, ya sea en el IPES o en la UTN, la Junta resolvió unilateralmente diciendo que ellos van a ser docentes solo para los espacios curriculares que pueden dar, pero no así para los cargos jerárquicos”, afirmó.

Carrizo cuestionó que esos cambios de criterio hayan repercutido directamente en la clasificación de los trabajadores y, por esa vía, en sus posibilidades de acceder a determinados cargos.

“Eso no está escrito en ningún lado, ni el estatuto lo prevé de esa manera. De repente le bajaban el puntaje de un año a otro porque ya no le tomaban la antigüedad docente con el título docente y le pasaban de D a H, que es la clasificación que hace la Junta como título habilitante en lugar de título docente para cargos jerárquicos”, manifestó.

La Fiscalía de Estado también cuestionó aspectos estructurales del sistema. Entre otras observaciones, señaló el uso de listados provisorios para realizar designaciones, problemas de trazabilidad digital, errores en el cómputo de puntajes y la utilización de criterios que, según el organismo, no resultaban adecuados para corregir situaciones anteriores. También exhortó al Ministerio de Educación a reorganizar los procesos y al Poder Ejecutivo a avanzar con la renovación de los representantes docentes. Para Carrizo, las consecuencias de los cambios de clasificación fueron concretas.

“A partir de ahí le cortaba la carrera a estos docentes porque obviamente pasaban a la cola de los listados. Con estas situaciones nosotros hicimos esas presentaciones y cada docente hizo su reclamo individual. Hasta el día de hoy todavía hay algunos que faltan resolverse”, indicó.

El secretario general de AMET sostuvo además que el dictamen podría abrir una nueva etapa para los docentes cuyos reclamos no tuvieron una respuesta favorable.

“Con este dictamen del fiscal queda claro que estos criterios que ha tenido la Junta no son los correctos y ha perjudicado a muchos docentes. Algunos reclamos han sido aceptados y modificada la situación, otros han sido rechazados, con lo cual ya se inicia una instancia judicial”, afirmó.

El otro eje del cuestionamiento de AMET apunta directamente a la representación de los trabajadores dentro de la Junta. Carrizo reclamó que el Ministerio de Educación convoque a elecciones para renovar a los representantes docentes.

“Es un nuevo llamado de atención al ministro, que tiene que hacer el llamado a elecciones porque la Junta de Clasificación y Disciplina es parecido al directorio de OSEF: se ponen representantes del Ejecutivo y representantes de los trabajadores elegidos por los trabajadores”, expresó.

Según Carrizo, la última elección correspondiente al nivel secundario se realizó en 2010, pese a que los mandatos tienen una duración de tres años.

“La última elección de la Junta de nivel secundario fue en 2010. Igual que la obra social, se hace cada tres años. ¿Y de 2010 a 2026, 16 años no se hizo nada? La excusa fue en su momento los procesos de titularización”, cuestionó.

El dirigente también apuntó contra la forma en que, según su planteo, fueron cubriéndose los lugares de representación durante ese período.

“Se van venciendo los mandatos y se va reemplazando a la gente a dedo, sin que haya elecciones, porque la excusa era mantener los mismos que estaban trabajando sobre ese proceso. Ahora, 16 años después, los que estaban en 2010 ya no están más prácticamente”, sostuvo.

La discusión quedó así instalada en dos niveles. Por un lado, AMET reclama revisar los criterios utilizados para valorar títulos, antecedentes y antigüedad de los docentes. Por otro, exige que se concrete la renovación de los representantes mediante elecciones.

El planteo gremial coincide con uno de los puntos señalados expresamente por la Fiscalía de Estado en su Dictamen 11/2026, que cuestionó la demora en la renovación de los representantes docentes y exhortó al Poder Ejecutivo a garantizar un proceso electoral para la integración periódica del organismo.