Una auditoría expuso fallas en las pensiones RUPE y apercibieron a la ministra Lucía Rossi
El Tribunal de Cuentas detectó deficiencias administrativas y contables, dificultades para determinar deudas entre organismos y 834 beneficiarios activos en junio de 2025. La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia no presentó en término el plan de acción requerido y recibió un apercibimiento.
RÍO GRANDE.- En agosto de 2026, el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego avanzó con actuaciones vinculadas a una auditoría del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), que dejó al descubierto deficiencias administrativas y contables en un sistema bajo la órbita del Gobierno de Gustavo Melella. El expediente también derivó en un apercibimiento a la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, María Emilia Lucía Rossi, por no presentar dentro del plazo establecido el plan de acción exigido por el organismo de control.
La auditoría identificó documentación incompleta, procedimientos sin formalizar, sistemas informáticos fragmentados y falta de conciliaciones periódicas. También advirtió dificultades para determinar las deudas entre organismos, mientras que la deuda histórica al cierre de 2023 todavía no había sido cuantificada.
El relevamiento registró 834 beneficiarios activos al 30 de junio de 2025. Las observaciones alcanzaron tanto al Poder Ejecutivo provincial como a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), por lo que los cuestionamientos no quedaron limitados a un área administrativa específica.
Rossi incumplió el plazo
La actuación contra la ministra quedó plasmada en la Resolución Plenaria 141/2026. Según los antecedentes consignados por el Tribunal de Cuentas, Rossi fue notificada el 21 de agosto y debía presentar un plan de acción que contemplara las recomendaciones formuladas por los auditores. Sin embargo, el plazo venció sin que cumpliera con ese requerimiento.
Ante la omisión, el organismo le aplicó un apercibimiento y le otorgó cinco días corridos adicionales para presentar la documentación, bajo advertencia de una posible multa.
La resolución acredita el apercibimiento, pero no permite afirmar que se haya aplicado posteriormente una sanción económica. El hecho comprobado es que una integrante del gabinete provincial no respondió en término a una exigencia formal del organismo de control.
Las observaciones también alcanzaron a Salud
El expediente involucró al Ministerio de Salud, que solicitó una prórroga de treinta días hábiles para presentar su propio plan de acción. El Tribunal rechazó el pedido mediante la Resolución Plenaria 127/2026 y mantuvo el plazo originalmente establecido.
Por otra parte, la Contaduría General aprobó, mediante la Resolución 255/2026, un programa de fortalecimiento del control interno que incluye procedimientos relacionados con pagos de la OSEF, facturación hospitalaria y deudas entre organismos.
La aprobación de ese programa constituye una medida administrativa para atender las observaciones, pero no demuestra por sí misma que todos los problemas hayan sido corregidos. Para determinarlo es necesario comprobar su implementación efectiva y el resultado de los controles posteriores.
Una deuda que sigue sin cuantificarse
Uno de los aspectos más relevantes de la auditoría es la falta de cuantificación de la deuda histórica al cierre de 2023. Sin una determinación precisa de esas obligaciones, resulta difícil establecer el alcance económico de los compromisos pendientes entre los organismos involucrados.
Las fallas en los registros, las conciliaciones y los procedimientos de facturación y recupero también plantean interrogantes sobre la capacidad de la administración provincial para identificar y controlar las obligaciones vinculadas al régimen.
Las observaciones no prueban por sí mismas la existencia de fraude ni que los beneficiarios hayan recibido prestaciones indebidas. Sin embargo, exponen debilidades en los mecanismos administrativos y contables que deben garantizar la trazabilidad de los recursos públicos.
Para la gestión de Melella, el desafío es demostrar que las recomendaciones fueron cumplidas, que las deudas pudieron determinarse y que los mecanismos de control funcionan adecuadamente. El apercibimiento a Rossi agrega un incumplimiento concreto a ese cuadro de observaciones.
Aunque la auditoría haya concluido formalmente, eso no significa que las deficiencias estén resueltas. La regularización de los procedimientos, la determinación de las obligaciones pendientes y la verificación de las medidas correctivas siguen siendo aspectos centrales para evaluar la respuesta del Gobierno provincial.
