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RÍO GRANDE.- La Dirección Nacional de Migraciones concretó la expulsión de José Luis Rodríguez Cabrera, ciudadano dominicano de 41 años, quien cumplía una condena por comercialización de estupefacientes en Río Grande.
El operativo se realizó durante la madrugada y estuvo a cargo de la Delegación Tierra del Fuego de Migraciones, en articulación con la División de Asuntos Migratorios. Rodríguez Cabrera fue retirado a las 00:10 de la Unidad de Detención N° 1, donde permanecía alojado desde el 11 de abril de 2024.
Posteriormente fue trasladado al Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel para abordar un vuelo hacia Aeroparque Jorge Newbery y continuar desde Ezeiza con destino a la República Dominicana. El procedimiento se desarrolló sin novedades.
Rodríguez Cabrera había sido condenado a 4 años y 3 meses de prisión como coautor material y penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes, en una causa originada por un hecho ocurrido en Río Grande durante 2024.
El 7 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones canceló su residencia legal en Argentina y dispuso su expulsión con prohibición permanente de reingreso al país.
Una vez cumplida una proporción de la pena y encontrándose firme la medida migratoria, el Tribunal Oral Federal autorizó el traslado y la salida definitiva del territorio nacional.
Desde la Delegación Tierra del Fuego de Migraciones remarcaron que la medida se encuadra en las disposiciones judiciales y migratorias vigentes.
“No perseguimos ni criminalizamos a los extranjeros. Tanto un extranjero como cualquier ciudadano argentino tiene que responder ante la Justicia”, señalaron desde el organismo, al tiempo que destacaron que la mayoría de los extranjeros que residen en el país lo hacen para trabajar y formar una familia.
El delegado sostuvo además que la residencia legal no puede constituir un impedimento para la aplicación de las normas cuando una persona es condenada por un delito grave.
La Delegación Tierra del Fuego anticipó que continuará trabajando de manera coordinada con la Justicia Federal, las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario para ejecutar las resoluciones judiciales correspondientes.
