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RÍO GRANDE.- La disputa entre el Gobierno provincial y el SUTEF continúa profundizando el deterioro del ciclo lectivo 2026, con miles de estudiantes de las escuelas públicas fueguinas que siguen sin acceder con regularidad a las aulas mientras las posiciones de las partes permanecen cada vez más alejadas.
La toma de la delegación del Ministerio de Educación ubicada en la esquina de Don Bosco y Alberdi comenzó la semana pasada, en el marco del paro por tiempo indeterminado dispuesto por el sindicato. Dirigentes y docentes permanecen en el lugar y sostienen que levantarán la medida cuando el Gobierno presente una alternativa que permita destrabar la negociación.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación debió trasladar parte de sus funciones a otras dependencias para garantizar la continuidad de sus tareas administrativas.
El Gobierno provincial, por su parte, sostiene que las pretensiones planteadas por el sindicato resultan imposibles de afrontar y que la propuesta presentada representa el máximo esfuerzo que puede realizar en las actuales condiciones económicas.
La falta de acuerdo deja al sistema educativo atrapado en una disputa que se prolonga mientras avanza el calendario escolar. El problema ya no se limita a la discusión salarial, sino que alcanza directamente la continuidad de las trayectorias educativas de los alumnos.
Cada nueva jornada sin clases profundiza además una situación que afecta de manera desigual a las familias. Mientras algunos estudiantes pueden acceder a alternativas particulares para sostener determinadas actividades educativas, otros dependen exclusivamente de la escuela pública para mantener su proceso de aprendizaje.
El conflicto también expone las dificultades de la conducción política para encontrar una salida que permita compatibilizar las demandas laborales con la obligación estatal de garantizar el derecho a la educación.
Al mismo tiempo, la extensión de las medidas de fuerza coloca al propio sector docente frente a una responsabilidad que excede la discusión salarial. La utilización reiterada de la suspensión de clases como herramienta de presión termina trasladando el costo del conflicto a quienes menos posibilidades tienen de intervenir en su resolución, los estudiantes.
La situación adquiere especial gravedad porque no se trata de una interrupción aislada. Durante 2026, las medidas de fuerza se sucedieron desde el comienzo del ciclo lectivo y provocaron una pérdida acumulada de días de clases que dificulta sostener la continuidad pedagógica.
Con el Gobierno afirmando que no puede mejorar sustancialmente su propuesta y el SUTEF manteniendo un paro sin fecha de finalización, el sistema educativo fueguino continúa sin una respuesta capaz de sacar a los alumnos del centro de una disputa que ya lleva meses.
El desafío inmediato pasa por encontrar una salida que permita recuperar las clases y evitar que el conflicto siga profundizando las consecuencias sobre la formación de los estudiantes. Porque mientras adultos discuten salarios, recursos y responsabilidades, son los chicos quienes permanecen fuera de las aulas.
