López Silva, cada vez más cuestionado por la pérdida de días de clases

USHUAIA.- La educación fueguina atraviesa una nueva etapa de tensión y el desgaste político comienza a concentrarse sobre el ministro Pablo López Silva. A medida que se acumulan jornadas sin actividad en las aulas, crecen los cuestionamientos hacia una gestión que, hasta el momento, no logró evitar que los alumnos vuelvan a quedar en medio del conflicto.

El malestar dejó de limitarse al ámbito gremial. Durante las últimas semanas comenzaron a difundirse cartas abiertas de familias de Tolhuin que expresan una preocupación creciente por el impacto que las sucesivas medidas de fuerza tienen sobre la formación de niños y adolescentes.

Una de esas publicaciones, titulada “¿Quién piensa en los chicos?”, reclamó que el derecho de los estudiantes ocupe un lugar central en la discusión. Días más tarde, otra carta dirigida al secretario general del SUTEF, Horacio Catena, sintetizó el sentimiento de numerosos padres con una frase contundente. “Nuestros hijos no pueden seguir pagando el costo de los conflictos”.

Las manifestaciones trasladaron el debate desde la discusión salarial hacia el funcionamiento del sistema educativo. Cada jornada sin actividad representa contenidos que no se dictan, procesos de aprendizaje interrumpidos y familias que ven frustrada la planificación del ciclo lectivo.

En ese contexto comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos hacia el Ministerio de Educación. Diversos sectores consideran que, más allá de la negociación entre el Gobierno y el gremio docente, la responsabilidad institucional de evitar que las clases vuelvan a paralizarse recae sobre la conducción de la cartera educativa.

Durante la gestión de López Silva los conflictos con el sector docente se reiteraron sin que pudiera alcanzarse un esquema estable que garantice el desarrollo normal del calendario escolar. Esa situación alimentó críticas de distintos referentes políticos, quienes comenzaron a reclamar cambios en la conducción del Ministerio.

Uno de ellos fue Luciano Selzer, que cuestionó públicamente la gestión educativa y pidió modificaciones dentro del gabinete. López Silva respondió calificando esas declaraciones como “marketineras”, profundizando el enfrentamiento político.

Mientras tanto, el reclamo de las familias continúa creciendo. La demanda ya no se limita a discutir salarios o paritarias, sino a exigir que el Estado garantice el derecho básico de los estudiantes a recibir clases con normalidad.

Hoy, más allá de las responsabilidades compartidas entre el Gobierno provincial y el gremio docente, buena parte de la discusión pública empieza a concentrarse sobre quien tiene a su cargo la conducción del sistema educativo. Para numerosos sectores, el principal desafío de la gestión de Pablo López Silva ya no pasa por administrar el conflicto, sino por demostrar que puede evitar que la pérdida de días de clases siga convirtiéndose en una constante de la educación fueguina.