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RIO GRANDE.- El jefe de Gabinete del Gobierno provincial, Jorge Canals, protagonizó nuevas declaraciones polémicas al referirse al conflicto político y judicial desatado tras el veto impulsado por Gustavo Melella a las leyes vinculadas con la reforma constitucional.
En una entrevista radial brindada en FM Origen, el funcionario utilizó términos vulgares y expresiones agresivas en un contexto de máxima sensibilidad institucional, donde se encuentran involucrados magistrados, la Justicia Electoral y distintos sectores políticos de la provincia.
“Son cagones los que no quieren votar porque saben que son un saco de plomo”, expresó Canals al referirse al escenario electoral de cara a la elección de convencionales constituyentes prevista para el 9 de agosto.
La frase generó fuerte repercusión por el tono utilizado por uno de los principales funcionarios del Ejecutivo provincial, especialmente en medio de una discusión que involucra decisiones judiciales, actuaciones del Juzgado Electoral y cuestionamientos cruzados entre distintos poderes del Estado.
Durante la entrevista, Canals también cargó contra sectores judiciales al sostener que “algunos actores del Poder Judicial salieron con preocupación por alguna declaración”, y aseguró que desde el Gobierno sienten que determinadas acciones de la Justicia no fueron adecuadas.
Además, apuntó directamente contra la Asociación de Magistrados, a la que acusó de “apretar al Gobierno”, minimizando incluso su rol institucional al afirmar que tiene “el mismo poder que el sindicato de taxistas”.
Las expresiones del funcionario volvieron a exponer un preocupante deterioro del discurso político dentro del oficialismo, con declaraciones cargadas de confrontación, agravios y términos impropios de la responsabilidad institucional que implica ocupar uno de los cargos más importantes del Gobierno provincial.
Lejos de aportar serenidad o prudencia en un escenario atravesado por tensiones políticas y judiciales, las palabras de Canals profundizaron la polémica y alimentaron las críticas por el tono elegido desde el Ejecutivo para abordar un tema de alta sensibilidad institucional.
El conflicto se produce luego de que el Gobierno provincial decidiera vetar la norma que derogaba la Ley Provincial N° 1529, una decisión que volvió a abrir un fuerte debate político y judicial en torno al proceso de reforma constitucional.
