Rio Grande: 5°
4° / 4° - Nubes
2° / 2° - Nubes dispersas
RIO GRANDE.- La sede de la firma Gas Austral en la ciudad de Río Grande se convirtió en el escenario de un creciente reclamo vecinal. Diversos referentes de asentamientos y barrios populares asistieron a una convocatoria donde se les notificaron las nuevas condiciones para acceder al Gas Licuado de Petróleo, lo que derivó en la organización de un plan de lucha inmediato ante lo que consideran un recorte drástico en la asistencia estatal.
Según indica el portal www.bocadepozo.com.ar, los representantes de las familias afectadas criticaron la decisión de la administración fueguina de utilizar a la distribuidora privada como intermediaria para informar las bajas en el sistema. En este contexto de incertidumbre, los voceros aseguraron que “el gobernador y Castillo nos están dando la espalda a los barrios populares en momentos en donde necesitamos de la solidaridad y el acompañamiento”.
La ausencia de los titulares de la cartera de Energía generó una profunda indignación entre los asistentes a la reunión. Según explicaron los damnificados, el Ejecutivo evitó el contacto directo para no asumir las consecuencias sociales de la medida, bajo la premisa de que “deberían tener la valentía de habernos convocado los ministros de Melella” para explicar el alcance de los nuevos decretos.
Respecto al impacto en el bolsillo, la Resolución 205/26 dispone una progresión de aumentos que ubicará el valor del kilo de gas en 300 pesos para el cierre del año. Esta modificación representa un incremento por encima del 270 por ciento anual, situación que complica la supervivencia de los hogares que dependen exclusivamente de las garrafas y cilindros para calefaccionarse.
Al mismo tiempo, la normativa 209/26 introdujo cambios en la distribución del beneficio mediante una zonificación que reduce las cantidades permitidas. El nuevo reglamento estipula que los vecinos que tengan la red de gas pasando por su vereda contarán con un plazo máximo de 90 días para finalizar sus conexiones domiciliarias, ya que una vez cumplido ese tiempo se les quitará el subsidio de forma permanente.
El panorama se vuelve crítico en sectores específicos como Costa Susana en Ushuaia, el Country San Justo de Río Grande y Eco Pueblo en Tolhuin, donde la quita de la ayuda estatal es total. Los afectados señalaron la dificultad de costear las obras internas necesarias en un contexto de retracción del Estado provincial y frente a las bajísimas temperaturas que caracterizan a la región.
