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USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO. Mowinckel no es una voz cualquiera en esta discusión. Proviene de una familia ligada a los comienzos de la salmonicultura en Noruega, un país que se convirtió en referencia mundial del sector. Su abuelo fundó Mowi, una de las empresas más importantes de la industria salmonera. Justamente por eso, habla desde adentro de la lógica industrial, con un diagnóstico severo sobre el modelo predominante de cultivo en jaulas abiertas.
“Mi familia empezó con la salmonicultura a finales de los años sesenta”, cuenta. “Creamos la compañía como un negocio paralelo para pequeños productores locales en el oeste de Noruega. Pero cuando los co-inversores decidieron llevarla hacia “feedlots” industriales, vendimos nuestras acciones. Eso fue a mediados de los ochenta.” Desde entonces, afirma, lo que era una actividad de escala manejable mutó en un sistema masivo, con impactos que, según su visión, ningún territorio debería aceptar a ciegas.
Su visita a Tierra del Fuego ocurre en tránsito hacia otro frente ambiental, también vinculado con la industria salmonera. “Me sumo a una misión de Sea Shepherd para estudiar y documentar la pesca de krill en el Océano Austral”, explica. La organización viene desarrollando campañas en Antártida enfocadas en la presión creciente sobre el krill, base de la red trófica antártica, y en la documentación de la flota industrial que opera en el Océano Austral. En ese camino, Mowinckel decidió hacer escala en el extremo sur para encontrarse con organizaciones y actores sociales que vienen trabajando contra la instalación de salmoneras en Argentina y Chile.
Frederik advierte que cada vez se usa más krill en el alimento para salmones, incluso para darle color a una carne que, en cultivo, “es gris y poco apetecible”, y que esa demanda creciente suma presión sobre el ecosistema del Mar Austral.
En Tierra del Fuego, la Ley 1355 (2021) había prohibido la salmonicultura en aguas provinciales. En diciembre de 2025, el gobierno informó la aprobación de un nuevo marco para el desarrollo de la acuicultura, presentado como una ampliación de la matriz productiva con regulaciones y criterios de resguardo ambiental. La comunidad científica y la sociedad, en cambio, cuestionaron la reforma y advirtieron sobre riesgos del modelo industrial, además de reabrir el debate sobre la licencia social y el proceso que acompañó el cambio.
“El mejor consejo que puedo dar a los locales que enfrentan salmoneras potenciales es poner todos los hechos sobre la mesa y estudiar lo que pasó en otros lugares del mundo”, afirma. Y agrega: “Tienen bárbaros en la puerta y van a cuidar sus propios intereses, no lo que es mejor para la comunidad. Les van a quitar sus vistas, su silencio y su oscuridad”.
“Ustedes tienen un lugar hermoso. ¿Qué es más valioso que eso? Miren qué pueden crear a partir de lo que ya tienen. ¿Qué pueden desarrollar que sea especial para esta zona? ¿Pueden construir una marca sobre un producto local para exigir más demanda y mejor precio?”
Para él, el punto no es una discusión de marketing (“salmonicultura sostenible” versus “salmonicultura tóxica”), sino un problema de diseño. Si el sistema está montado en jaulas abiertas en el mar, los desechos, los tratamientos y los efectos colaterales quedan en el ambiente y terminan siendo pagados por el ecosistema y las comunidades costeras. “Como industrialista, sé cuántas reglas hay que cumplir. No conozco otra industria a la que se le permita operar sin control sobre lo que entra a la fábrica y lo que sale de la fábrica. Cualquier otro tipo de fábrica sería cerrada.”
Mowinckel es cofundador de la Alianza Global contra la Salmonicultura (GSFR por sus siglas en inglés), una red internacional, surgida a partir de la ley 1355 sancionada en Tierra del Fuego en 2021, que se define como un espacio para compartir acciones e información con el objetivo de frenar la expansión del cultivo en jaulas abiertas en el mar. “Como cofundador, facilito el flujo de contactos e información entre nuestros miembros”, explica, mientras describe a GSFR como un “tejido” de organizaciones, científicos, activistas y comunidades que comparten aprendizajes, estrategias y alertas tempranas.
Mowinckel no viene del activismo de base, sino del mundo inversor y empresarial; que habla desde el interior de la cultura corporativa. Y esa posición le permite insistir con un objetivo que repite como misión personal: “Quiero informar a la mayor cantidad de gente posible sobre los daños ambientales causados por esta industria. Quiero quitarles la posibilidad de decir que no sabían”.
En Tierra del Fuego, la discusión vuelve a abrirse con un dilema que la provincia ya conoce: empleo y desarrollo por un lado; resguardo ambiental, identidad y turismo por el otro. Mowinckel no propone negar el debate económico; propone cambiar su punto de partida. “Escuchen a otros que sufrieron como resultado de promesas rotas”, insiste. “Antes de decidir, miren las consecuencias. Después, decidan con todo sobre la mesa”.
