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USHUAIA.- El escenario político de Tierra del Fuego atraviesa horas de absoluta mudez por parte de los legisladores quienes, a mediados del año pasado, aprobaron sin fisuras la Ley Provincial 1596. Aquella normativa, que nació con el objetivo de sanear las cuentas de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), terminó brindando la plataforma legal para que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) desembarcara en la administración del puerto local.
Aquel consenso unánime en el recinto, que incluyó a todo el arco partidario, autorizó el uso de excedentes financieros generados por la terminal de Ushuaia para cubrir deudas del sistema sanitario. Esta decisión fue interpretada por las autoridades nacionales como una violación directa a los convenios de transferencia vigentes desde 1992, los cuales prohíben taxativamente que el dinero del puerto se licúe en las rentas generales de la provincia.
La resolución del organismo nacional, fechada el 20 de enero de 2026, no solo se apoya en el desvío de fondos hacia la OSEF, sino que también resalta un preocupante estado de abandono en la infraestructura portuaria. Los informes de inspección detallan fallas en los sistemas de seguridad y un nivel de inversión en mantenimiento que apenas alcanza el 1,3% del presupuesto, situación que precipitó la decisión de desplazar a la conducción fueguina por un período de doce meses.
A pesar de la gravedad institucional que representa la pérdida de autonomía sobre un recurso estratégico, los legisladores que meses atrás defendieron la emergencia como una medida necesaria hoy evitan dar declaraciones públicas. El hermetismo es total tanto en los bloques oficialistas como en la oposición, mientras la intervención administrativa comienza a auditar los movimientos contables y la operatividad del muelle comercial.
La falta de autocrítica sobre las consecuencias de la ley aprobada por unanimidad deja al descubierto la responsabilidad política compartida en el vaciamiento financiero del ente portuario. Mientras la Nación consolida su presencia en la capital fueguina, la ciudadanía espera explicaciones sobre cómo una herramienta de asistencia social terminó facilitando el control federal sobre la principal puerta de entrada a la Antártida.
