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RIO GRANDE.- La capital económica de la provincia fue escenario de una movilización que puso de manifiesto el descontento de los beneficiarios de la caja asistencial fueguina. Durante la mañana de este martes, una columna de afiliados ingresó a la delegación central de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) de calle Perito Moreno, denunciando que la situación prestacional llegó a un punto de no retorno.
La indignación de los presentes se alimentó de la ausencia de interlocutores con poder de decisión, quienes evitaron el contacto directo con los pacientes y sus familias en un contexto de reclamos por derivaciones y fármacos de alto costo.
El estado del inmueble sumó un condimento extra al conflicto ya existente. La falta de calefacción obligó a restringir la atención al público, dado que el edificio no cuenta con medidor de gas tras una disposición de la empresa distribuidora.
El inconveniente técnico, derivado de un desperfecto en la caldera que no fue atendido a tiempo, provocó que gran parte del personal de planta fuera desafectado de sus tareas, dejando las instalaciones con una operatividad mínima en medio de las bajas temperaturas.
Un clima enrarecido
La tensión alcanzó su punto máximo cuando los manifestantes intentaron acceder a las áreas de gestión política, encontrando las puertas de los despachos bloqueadas por los propios funcionarios. El aislamiento recién pudo romperse tras la llegada de efectivos de la Policía de la Provincia, cuya presencia permitió una mediación básica.
Fue en ese instante cuando Guillermo Carreño, delegado de la OSEF, tomó la palabra para intentar aplacar el malestar y actuar como nexo entre el personal atrincherado y la asamblea que ocupaba el hall central.
En un diálogo crudo con los afiliados, el delegado Carreño reconoció las limitaciones de su cargo para destrabar las falencias de fondo que arrastra la institución. Ante los relatos de vecinos que aguardan por drogas oncológicas o intervenciones quirúrgicas de urgencia, el referente admitió que las resoluciones dependen exclusivamente de la cúpula directiva.
Esta declaración generó cruces dialécticos con los damnificados, quienes cuestionaron la falta de empatía y la demora en los expedientes que ponen en riesgo la integridad física de los pacientes.
Como resultado de la presión ejercida en el lugar, Guillermo Carreño asumió el compromiso de canalizar un pedido de audiencia urgente con la conducción de la obra social. Los nombres de la presidenta de la entidad, Mariana Hruby, y de los directores nacionales encabezan la lista de responsables que los manifestantes exigen tener frente a frente.
Si bien el delegado admitió inicialmente dificultades para comunicarse con sus superiores, posteriormente confirmó que trabajará en la organización de una asamblea conjunta con todos los sectores afectados.
La medida de fuerza continuará con una guardia permanente dentro de la sede, donde los beneficiarios están registrando cada trámite paralizado como evidencia de la gestión deficiente.
El colectivo de afiliados adelantó que no depondrán su actitud hasta obtener una fecha formal de encuentro con las autoridades máximas. El objetivo del grupo es sostener la visibilidad del reclamo para forzar una respuesta de quienes deben administrar la cobertura de salud de los miles de estatales fueguinos.
