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RIO GRANDE.- Desde este 15 de enero rige la eliminación de los impuestos a la importación de teléfonos celulares, una determinación de la administración central que volvió a ser el centro de las críticas del intendente Martín Perez. El mandatario local alertó que esta política repercute de forma directa y perjudicial sobre el entramado fabril de la provincia, afectando miles de empleos en el distrito.
Perez manifestó que no se trata de una discusión sobre escenarios hipotéticos, sino de una realidad que ya empezó a dañar la capacidad de las plantas productivas y el sustento de los hogares en la isla. El intendente sostuvo que “cuando se habilita la importación sin aranceles, lo que se está haciendo es desfinanciar a la industria nacional”.
En su análisis, el titular del Ejecutivo municipal resaltó que el sector electrónico es el corazón de la economía fueguina y destacó que su crecimiento fue el resultado de años de inversión en infraestructura, tecnología y capacitación profesional. Según sus palabras, no es posible competir de manera justa cuando el propio Estado privilegia lo importado por sobre lo fabricado por trabajadores calificados en las plantas locales.
Por otra parte, el jefe comunal puso en duda la premisa de la Casa Rosada que vincula esta apertura comercial con un descenso en los valores de venta al público. “Nos venden desde Buenos Aires que esto es para bajar precios, pero ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó”, enfatizó tras recordar la experiencia ocurrida con las computadoras portátiles durante el mandato de Mauricio Macri. En aquella oportunidad, según el intendente, el beneficio para el consumidor no se concretó y el resultado fue la pérdida de empleos y el cierre de líneas de producción.
El impacto de la medida excede los muros de las fábricas y alcanza a todo el circuito comercial de la ciudad. El intendente explicó que la crisis industrial arrastra consigo al consumo general, lo que perjudica desde el comerciante minorista hasta el sector del transporte, como taxis y remises, afectando también a los pequeños emprendedores que dependen del poder adquisitivo de los operarios.
Para finalizar, Perez introdujo la importancia de la soberanía productiva al recordar que Tierra del Fuego posee un valor estratégico y geopolítico para la Argentina. Ante este panorama, renovó su pedido para que se dé marcha atrás con la normativa, insistiendo en que es imperioso proteger el desarrollo industrial de la provincia frente a un daño que ya empezó a sentirse en el territorio.
