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USHUAIA.- El Gobierno fueguino oficializó este martes el veto total a la normativa que pretendía otorgar un 28 por ciento de las regalías petroleras y gasíferas a los municipios. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el proyecto que había sido sancionado por la Legislatura provincial en las últimas semanas de 2025.
La decisión administrativa, que lleva el respaldo de la vicegobernadora Urquiza y la ministra Castillo, bloquea de esta manera la modificación del esquema de distribución de recursos que los parlamentarios habían aprobado en la sesión del 22 de diciembre.
La postura del Ejecutivo se basa en que la iniciativa carece de un sustento técnico documentado que justifique semejante movimiento de partidas. En el texto oficial se resalta que no existen estudios sobre el impacto económico o ambiental ni análisis de reservas que avalen el cambio en la matriz productiva provincial.
Además, se aclaró que el tratamiento sobre tablas del proyecto partió de una interpretación equivocada sobre presuntos beneficios fiscales en las concesiones de las áreas Lago Fuego y Los Chorrillos, entre otras zonas de explotación.
Desde el Ministerio de Economía advirtieron que la promulgación de este incremento pondría en una situación de extrema debilidad los compromisos asumidos por la Provincia. Los equipos técnicos señalaron que los fondos percibidos por este concepto ya se encuentran afectados al pago de la deuda externa reestructurada. Por lo tanto, cualquier detracción en el flujo de ingresos financieros representaría un peligro directo para la estabilidad y el cumplimiento de las obligaciones crediticias contraídas originalmente en 2017.
La Agencia de Recaudación Fueguina también se sumó a las objeciones y calificó la medida como algo desproporcionado respecto a la realidad del mercado. Según el organismo, mientras las intendencias reclamaban por una supuesta pérdida de poco más de 1,3 millones de dólares, el aumento que pretendían por ley implicaba una suma cercana a los 14,7 millones de dólares.
Para el Gobierno, esta diferencia resulta absurda y no guarda relación con los acuerdos vigentes con la operadora YPF ni con los esquemas de coparticipación diseñados para preservar el erario público.
En términos legales, el decreto invoca los principios de la Constitución Nacional sobre la distribución de recursos, los cuales exigen criterios objetivos y equitativos. El argumento oficial indica que un sistema de reparto debe responder a las competencias y funciones de cada jurisdicción.
En este sentido, se remarcó que la Provincia debe retener los fondos necesarios para garantizar áreas que le son propias y exclusivas, tales como la seguridad, la educación y la salud pública en todo el territorio.
Para finalizar, se hizo hincapié en la responsabilidad fiscal y la razonabilidad que debe primar en el manejo de las riquezas provinciales. La gestión subrayó que aumentar los ingresos municipales sin que estos asuman nuevas responsabilidades o servicios solo genera un beneficio inequitativo para los distritos locales.
El Ejecutivo considera que la ley vetada desnaturalizaba el equilibrio constitucional y financiero al trasladar toda la carga del bienestar general a la administración central mientras se desfinanciaban áreas sensibles de la prestación estatal.
