RIO GRANDE- El sector manufacturero radicado en la isla se prepara para un cambio de paradigma en sus balances comerciales. A partir de este jueves 15 de enero, la quita de aranceles a la importación de telefonía móvil empezará a regir plenamente, lo que obliga a las terminales locales a competir directamente con productos terminados en el exterior.
La disposición oficial busca desarticular las barreras arancelarias de forma gradual. Según se desprende del anuncio, el recorte se aplicará inicialmente sobre 8 puntos de la alícuota, mientras que el resto se completará a mediados de mes. Esta maniobra administrativa pone en tensión un régimen de promoción que cuenta con cinco décadas de historia y que, a pesar de haber sido extendido recientemente hasta el año 2053, enfrenta ahora el desafío de un costo fiscal que ronda los 1.000 millones de dólares cada año.
Desde la gobernación provincial, Gustavo Melella calificó la iniciativa como un golpe de gravedad para el entramado productivo fueguino. El mandatario vinculó la decisión a exigencias de organismos internacionales de crédito y subrayó que la industria instalada en la zona representa no solo desarrollo tecnológico, sino también un ejercicio de soberanía territorial. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a través de redes sociales que el malestar se debe al fin de supuestos beneficios otorgados por gestiones anteriores.
Se acaba la seducción empresarial
Para el sector empresarial, este nuevo esquema en el que prevalecerá un elevado costo logístico de la isla, podría anular los incentivos para seguir fabricando allí sin la protección de los aranceles. Según su análisis, es probable que se repitan esquemas de ensamblado en otros puntos del país, tal como ocurrió en el pasado con otros rubros electrónicos ante cambios impositivos similares.
En las gerencias de las principales firmas tecnológicas predomina un clima de cautela. Algunos directivos indicaron que se encuentran revisando sus hojas de cálculo para determinar la viabilidad de sus operaciones, aunque estiman que el impacto real en los precios minoristas tardará varios meses en percibirse. Si bien el régimen mantiene ciertos beneficios tributarios que lo hacen competitivo por el momento, el margen de ventaja respecto al producto importado se ha reducido sustancialmente.
Desde la perspectiva de los importadores, la noticia fue recibida con optimismo. Ariel Elizalde, de Positivo Argentina, consideró que la menor presión fiscal favorecerá al consumidor, permitiendo el acceso a precios alineados con los estándares globales. Esta postura contrasta con la visión de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), donde el foco está puesto en cómo responderá el mercado ante la entrada de nuevos competidores legales.
La entidad empresaria rescató, sin embargo, la baja en los impuestos internos como un punto a favor para reducir el llamado “costo argentino”, aunque recordaron que este beneficio también alcanza a los bienes extranjeros. Un factor adicional de preocupación es el mercado informal, ya que las estadísticas del sector indican que uno de cada tres equipos comercializados actualmente en el país ingresa por vía de contrabando.
En términos de volumen de actividad, los números muestran un escenario de retracción. Durante 2024 se fabricaron poco más de 5,5 millones de unidades, una cifra sensiblemente inferior a periodos previos, mientras que el primer trimestre de 2025 cerró con menos de 1,5 millones de dispositivos. Informes de centros de estudios como Fundar destacan que el beneficio de exención de IVA y aranceles que recibe el subrégimen industrial duplica el presupuesto total de organismos científicos nacionales como el Conicet.
Vaso medio lleno
Juan Carlos Hallak, economista autor de dichas investigaciones, analizó que si bien la producción fueguina tendrá que ajustarse para competir con equipos un 16% más baratos, la medida no implica necesariamente la desaparición de los puestos de trabajo. Según su visión, las empresas locales tienen margen para bajar sus precios y la sustitución de producción local por importaciones podría terminar incrementando la recaudación fiscal por la vía del IVA.
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