La mala administración de la Osef se cobró la vida de un paciente oncológico

RIO GRANDE.-El sistema de salud fueguino atraviesa una de sus horas más oscuras luego de confirmarse el deceso de Oscar Mauricio Ulloa en la ciudad de Río Grande. El paciente perdió la vida mientras aguardaba una medicación que, pese a contar con la debida autorización médica y administrativa, jamás fue entregada. Este desenlace pone de manifiesto la parálisis prestacional que afecta a los afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino, quienes denuncian un estado de abandono recurrente por parte de las autoridades.

Desde hace tiempo, el entorno familiar de Ulloa venía alertando sobre las irregularidades en la cobertura de su tratamiento. La situación se volvió insostenible cuando la entidad suspendió los pagos a los proveedores, lo que bloqueó el acceso a drogas de carácter urgente. Mientras el Ejecutivo provincial encabezado por Gustavo Melella intentaba minimizar el conflicto con medidas temporales, la burocracia estatal terminó por imponerse sobre la necesidad vital de un ciudadano que no podía esperar los tiempos de la política.

La falta de respuestas concretas deja al descubierto un esquema de administración basado en la improvisación y los anuncios que no se traducen en soluciones de fondo. En el ámbito oncológico, donde la continuidad de los procedimientos determina la supervivencia de los pacientes, la estrategia de aplicar remiendos financieros demostró ser ineficaz y peligrosa. La realidad de la OSEF hoy se percibe como la de una institución financieramente agotada que traslada el costo del déficit directamente a sus beneficiarios.

Desde diversos sectores se señala que la responsabilidad política recae de forma directa en el Gobierno de la Provincia. Aunque el oficialismo admite la profundidad de la crisis, la gestión se ha caracterizado por la firma de convenios precarios y prórrogas que solo postergan el problema estructural. Esta metodología de gobernar a través de atajos administrativos convirtió la atención médica en una situación de azar donde la prioridad no es la salud del afiliado sino el equilibrio de las cuentas públicas.

El caso de Ulloa no representa un hecho fortuito dentro del sistema sanitario local. Por el contrario, es el resultado de una cadena de negligencias donde la desidia estatal y la demora en los pagos funcionan como un bloqueo para quienes atraviesan cuadros de alta complejidad. La ausencia de sensibilidad ante los reclamos desesperados de los pacientes evidencia que el Estado provincial administra la emergencia de manera ordinaria, sin asignar los recursos necesarios para evitar finales evitables.

La tragedia ocurrida en Río Grande demanda hoy algo más que declaraciones de compromiso o gacetillas de prensa. El fallecimiento de un afiliado por falta de insumos médicos básicos constituye una falta gravísima que el poder político se niega a resolver de raíz. Cuando la medicación no llega a destino y se produce el deceso del paciente, queda claro que la decisión de postergar soluciones estructurales tiene consecuencias irreversibles que el Gobierno deberá afrontar.