Rio Grande: 14°
12° / 12° - Nubes
11° / 11° - Cielo claro
USHUAIA.- La realidad del sistema de asistencia ante urgencias en la provincia quedó expuesta tras la entrega de un balance oficial que detalla un estado de obsolescencia generalizada. De acuerdo con el documento que ingresó recientemente a la Legislatura, tanto la seguridad como el esquema sanitario de respuesta telefónica operan bajo una presión constante que desborda las capacidades técnicas y humanas instaladas en las principales ciudades.
La información pública, que fue solicitada por los parlamentarios hace tres trimestres, recién obtuvo respuesta oficial el 27 de noviembre pasado. En los fundamentos firmados por Pedro Franco, responsable del área de Protección Civil, se asume que las líneas mantienen restricciones de forma estable y que la única salida frente al congestionamiento de llamadas es el desvío de las comunicaciones hacia dependencias municipales, una estrategia que funciona como un parche ante la falta de una plataforma robusta.
Sobre el estado del servicio médico 107, la administración provincial ratificó su vigencia en Ushuaia y Río Grande, aunque aclaró que la estabilidad del vínculo con el vecino es sumamente frágil.
El informe describe una infraestructura tecnológica degradada, con cableados y salas de situación que requieren una reconstrucción total, algo que por el momento no figura en la agenda de inversiones del Gobierno para el sector del 911.
En cuanto al personal, las cifras confirman un déficit que afecta la celeridad de las respuestas. La capital cuenta con apenas once agentes distribuidos entre operadores y cargos jerárquicos, mientras que en la zona norte la cifra apenas alcanza los once empleados totales.
Esta debilidad en la plantilla obliga a los mandos medios a cubrir turnos de atención telefónica, una dinámica que promete profundizarse debido a la proximidad del receso por licencias y a la vigencia de diversos reclamos gremiales por condiciones de trabajo.
Finalmente, el reporte gubernamental reconoce que el retraso de los salarios y la falta de contención psicológica para los operarios impactan negativamente en el ánimo de la fuerza laboral, que debe lidiar con situaciones traumáticas sin soporte profesional.
Entre septiembre y noviembre, la demanda escaló a niveles alarmantes con más de 8.500 entradas en Ushuaia y 1.300 en Río Grande, dejando el sostenimiento de la seguridad pública sujeto exclusivamente a la voluntad de los trabajadores que permanecen en sus puestos.
