RIO GRANDE.- La publicación oficial el pasado viernes de la reglamentación de la Ley Provincial 1277 oficializó el Programa Provincial de Cannabis Medicinal y creó el denominado “Reprocann fueguino”.
Esta medida, de amplio impacto en la política sanitaria y productiva de Tierra del Fuego, otorga al Ministerio de Salud la potestad de regular la cadena productiva y compromete a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) a cubrir las terapias correspondientes. Desde la Federación Cannábica se manifestaron a favor de la norma, y ya apuntan a la capacitación, la generación de puestos de trabajo y la capacidad de inserción en mercados externos.
Se anunció que en las próximas semanas se llevará a cabo la conformación de un Consejo Consultivo que iniciará los procesos operativos.
Rio Grande. El sector festeja un “sueño cumplido”
La aparición del texto en el Boletín Oficial, que reglamenta la ley provincial 1277 sancionada originalmente en 2019, supuso un punto de inflexión para el entramado productivo y sanitario fueguino.
Franco Guereta, productor y asesor especial de la Federación Cannábica provincial, destacó que esta conquista es el resultado de años de reclamos, jornadas de debate, recolección de firmas y de un trabajo mancomunado con distintos actores de la sociedad. “La reglamentación por fin llegó, hemos hecho marchas, conversatorios y juntado firmas. Es un sueño cumplido”, explicó Guereta durante su participación en el programa ‘La mañana de la Tecno’, emitido por Radio Universidad 93.5 MHz.
El texto reglamentario establece formalmente el Programa Provincial de Cannabis Medicinal y eleva la jerarquía del equipo de trabajo que previamente operaba en el ámbito de Salud Mental. Además, se crea el Reprocan fueguino, un registro local que permite el autocultivo y la producción de manera asociativa para pacientes, con el objetivo primordial de subsanar las limitaciones de carácter operativo del registro a nivel nacional. “El eprocann fueguino’ viene a resolver el problema operativo del Reprocan nacional”, señaló Guereta.
Autonomía provincial y regulaciones prácticas
Uno de los aspectos más relevantes de esta reglamentación es la delegación de facultades amplias al Ministerio de Salud de la provincia, que deberá dictar las resoluciones de aplicación y acreditar a los médicos prescriptores. La novedad reside en que podrá regular la cadena productiva dentro de la jurisdicción. “Eso nos da seguridad jurídica y la posibilidad de pensar desarrollos productivos profesionales”, aseveró Guereta, quien enfatizó que OSEF tiene la obligación de cubrir las terapias con cannabis para los empleados estatales.
Esta transferencia de competencias al ministerio local implica que diversos procedimientos dejarán de requerir autorizaciones de organismos centrales. “Tener que pedir permiso en Buenos Aires complicaba todo. Ahora, lo que tenga que ver con cannabis dentro de la provincia será potestad del Ministerio de Salud provincial”, celebró el referente sectorial.
Hacia una industria con reglas claras
Guereta advirtió que la reglamentación acelera la gestión administrativa, aunque subsisten pasos pendientes de cumplimiento. Esto incluye la conformación del Consejo Consultivo, que está prevista para las próximas semanas, y la finalización de las resoluciones de detalle que establecerán límites, procedimientos y controles específicos. Será ese desarrollo normativo posterior el que definirá, por ejemplo, los topes máximos del autocultivo provincial y los parámetros para la producción a gran escala. “Seguramente primero se regule el acceso medicinal (autocultivo, ONGs y Reprocan) y a posterior la cadena productiva”, detalló.
La nueva normativa posibilita, además, la formalización de ONGs, cooperativas y empresas productoras dentro del territorio provincial, atenuando la incertidumbre que en el pasado paralizó inversiones. Guereta remarcó que la Federación, que agrupa a varias organizaciones locales, ya se encuentra preparada para colaborar con el gobierno en la etapa de implementación, en la capacitación de las fuerzas de seguridad y en la difusión pública. “Necesitamos que la policía, los jueces y los fiscales entiendan la nueva regulación para que no se trate a cultivadores legales como delincuentes”, explicó el asesor.
Calidad fueguina y potencial exportador
Una ventaja competitiva de la producción local, según señaló Guereta, es la preponderancia del cultivo de interior, forzado por el clima fueguino. Esta modalidad, que se realiza en recintos cerrados con control de luz y ambiente, permite alcanzar altos estándares de calidad y “posibilita pensar en exportación”, puntualizó. No obstante, Guereta aclaró que cualquier operación de salida al exterior requerirá la intervención de organismos nacionales, como la ANMAT, para certificar los requisitos sanitarios.
El referente recordó, además, la reciente participación internacional de productores y empresas fueguinas en foros y ferias, y la visita de técnicos extranjeros que quedaron gratamente sorprendidos por la calidad local. Este dato refuerza la visión de que la provincia tiene potencial para establecerse como un nodo productivo y turístico —turismo sanitario y canábico— si la cadena obtiene reglas transparentes y estabilidad jurídica.
Implementación y agenda inmediata
En la faz operativa, la reglamentación contempla la creación del registro provincial y la acreditación de profesionales. En paralelo, la Federación Cannábica intensificará las acciones de difusión y capacitación, previendo un stand en la Expo Agroproductiva (Misión Salesiana) y la realización de charlas abiertas sobre cannabis medicinal. Asimismo, se sumará a la Marcha Nacional de la Marihuana como instancia de visibilización.
Guereta también valoró la articulación con los municipios y universidades locales, mencionando capacitaciones impulsadas por la Municipalidad de Río Grande y la UTN. Puso énfasis en la necesidad de formar médicos prescriptores y técnicos que soporten el sistema. “Si diez nuevos profesionales recetan cinco tratamientos por semana, hablamos de cientos de pacientes nuevos en cuestión de meses, hay que prepararse”, advirtió.
Un paso político y socia
lMás allá de las implicancias productivas, el sector interpreta la reglamentación como un avance en lo político y lo social. Esta medida reconoce una práctica terapéutica que ya estaba consolidada de facto y la sitúa dentro de un marco normativo que brinda protección tanto a pacientes y reguladores como a productores. “Esto pone a Tierra del Fuego en el mapa nacional e internacional, ahora toca implementar con prudencia y responsabilidad para que esto se traduzca en salud, empleo y calidad”, concluyó Guereta.
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