Solicitarán embargar fondos de Autofarma para pagar indemnizaciones

RÍO GRANDE.- El conflicto por el cierre de la sucursal de Autofarma en Río Grande sumó un nuevo capítulo judicial. El abogado José Luis Álvarez, quien representa a dos extrabajadoras de la firma, confirmó que solicitará al Juzgado del Trabajo N.º 2 el embargo de los fondos que el Gobierno provincial y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) adeudan a Llanesa Sociedad Anónima, con el propósito de garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

En una entrevista con FM Aire Libre, el letrado explicó que todavía no pudieron notificar formalmente la demanda debido a que el domicilio societario declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) es el de Rosales 444, donde funcionaba la farmacia y que actualmente permanece cerrado.

Álvarez señaló que ese inmueble era alquilado por la empresa y que tanto el domicilio social como el constituido por el directorio en enero de 2026 corresponden a esa dirección. Por ese motivo, adelantó que presentará un escrito ante el juzgado para que la notificación se realice allí, al tratarse del domicilio formalmente declarado por la sociedad.

Ante las dificultades para avanzar con el expediente, el abogado indicó que ya dejaron presentados los oficios para solicitar el embargo de las acreencias que Llanesa SA mantiene con el Gobierno provincial y OSEF. La medida busca afectar únicamente las sumas necesarias para cubrir las liquidaciones finales e indemnizaciones de sus representadas.

Una deuda millonaria con la Provincia y OSEF

Durante la entrevista, Álvarez estimó que la deuda conjunta que el Gobierno provincial y OSEF mantienen con Llanesa SA rondaría los seis millones de dólares. Aclaró que esa cifra surge de averiguaciones realizadas por su parte y no de una liquidación oficial que haya podido acreditar públicamente.

Según explicó, la propia empresa había manifestado durante las audiencias en el Ministerio de Trabajo que no podía afrontar los pagos a sus trabajadores porque, a su vez, no cobraba los compromisos pendientes de los organismos estatales.

El abogado sostuvo que el embargo solicitado no constituye una demanda contra el Gobierno ni contra la obra social, sino una medida para resguardar fondos que pertenecen a la empresa y que podrían utilizarse para satisfacer los créditos laborales.

En ese sentido, pidió que las autoridades provinciales y de OSEF tengan en cuenta la situación judicial antes de efectuar nuevos pagos a Llanesa. «Esperamos que tengan la precaución de no pagarles toda la deuda a esta gente y dejar sin cobrar a los trabajadores», manifestó.

Despidos durante la conciliación obligatoria

Álvarez también cuestionó el comportamiento de la empresa durante el procedimiento iniciado en el Ministerio de Trabajo. Recordó que se había dictado la conciliación obligatoria, una instancia que exige retrotraer la situación al estado anterior al conflicto y mantener la continuidad de los contratos laborales mientras se desarrolla el proceso.

Sin embargo, afirmó que Llanesa SA avanzó con los despidos de los trabajadores que se desempeñaban en la sucursal de Río Grande, pese a que la medida se encontraba vigente. Para el abogado, esa decisión evidenció la falta de voluntad de la firma para cumplir con las disposiciones de la autoridad laboral.

El letrado también señaló que la empresa no se presentó a las audiencias y que, hasta el momento, no mostró una propuesta concreta para cancelar las indemnizaciones, ni siquiera mediante un esquema de pagos parciales.

Sociedades separadas por sucursal

Otro de los aspectos que Álvarez mencionó durante la entrevista tiene que ver con la estructura societaria de la firma. Explicó que las sucursales de Río Grande y Ushuaia operaban bajo sociedades anónimas diferentes, por lo que la responsabilidad de Llanesa SA correspondiente a Río Grande no puede trasladarse automáticamente a la sociedad vinculada con la capital provincial.

Según su interpretación, estas estructuras dificultan la posibilidad de reclamar contra otros establecimientos o responsables de la actividad comercial. También advirtió que las sociedades vinculadas a las sucursales no contarían con patrimonio propio suficiente para responder por las obligaciones laborales.

Por ese motivo, consideró que las acreencias pendientes de cobro ante el Gobierno provincial y OSEF constituyen una de las principales posibilidades para garantizar que las extrabajadoras puedan percibir lo que les corresponde.

El planteo judicial busca evitar que esos fondos sean transferidos a la empresa sin que antes se resguarden los créditos laborales reclamados. La decisión sobre la procedencia y el alcance del embargo quedará en manos del Juzgado del Trabajo.