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USHUAIA.- La aprobación de un esquema de remuneraciones en YPF que proyecta ingresos anuales cercanos a los US$954.000 para cada integrante del directorio volvió a encender el debate público, con especial atención sobre el representante de Tierra del Fuego, Maximiliano D’Alessio.
El funcionario, designado por el gobernador Gustavo Melella, forma parte del cuerpo que el 8 de abril dio luz verde a un presupuesto que, en la práctica, habilita sueldos que en algunos casos superarán el millón de dólares. La cifra surge como promedio, por lo que también se contemplan ingresos menores, en torno a los US$500.000.
D’Alessio no es un actor secundario dentro de este esquema. Su doble rol como presidente de Terra Ignis y director de YPF lo posiciona en un lugar de influencia directa en decisiones que hoy generan fuerte cuestionamiento social, especialmente en una provincia atravesada por dificultades en el acceso a servicios básicos.
El contraste se vuelve más evidente en el actual contexto económico. Mientras se aplican recortes, aumentos en tarifas y se debilitan herramientas judiciales para frenar cortes de gas, el representante fueguino participó de una resolución que consolida ingresos de elite dentro de la petrolera estatal.
La composición del directorio incluye a referentes del Gobierno nacional, provincias productoras y sectores sindicales. Sin embargo, en el caso de Tierra del Fuego, la discusión adquiere un matiz particular por el impacto directo que tienen las políticas energéticas en la vida cotidiana de la población.
Según datos difundidos por elDiarioAR, el esquema salarial actual implica una mejora sustancial respecto de gestiones anteriores. Medidos en dólares, los ingresos de los directores superan en un 60% a los registrados durante el gobierno de Alberto Fernández.
En ese marco, la figura de D’Alessio concentra críticas tanto por su rol en la votación como por el contexto provincial en el que se desempeña. En ciudades como Río Grande y Ushuaia, usuarios enfrentan deudas crecientes y la amenaza de cortes de suministro, mientras los salarios del directorio superan los 70 millones de pesos mensuales al tipo de cambio vigente.
El debate también reaviva cuestionamientos previos sobre su designación, que había sido objetada por no cumplir con el procedimiento establecido en la Ley 1012. A esa discusión institucional se suma ahora una dimensión política y social vinculada a las decisiones adoptadas dentro de YPF.
La exposición de estos números instala un interrogante sobre el tipo de representación que ejerce la provincia dentro de la empresa. Tierra del Fuego aporta recursos estratégicos, pero su presencia en el directorio queda bajo análisis en medio de una creciente distancia entre las decisiones corporativas y la realidad de los usuarios.
