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USHUAIA.- El Ejecutivo de Ushuaia formalizó este jueves el ingreso de una propuesta de ordenanza que pretende establecer la Emergencia Económica y Financiera en el ámbito municipal. El proyecto tiene una vigencia inicial de medio año y contempla la posibilidad de extenderse por un plazo idéntico en caso de persistir el escenario actual.
El texto llegó a las manos de la titular del cuerpo deliberativo, Gabriela Muñiz Siccardi, con la intención de que los concejales le den tratamiento durante la próxima sesión ordinaria.
La administración de Walter Vuoto justificó el pedido en base a un diagnóstico que describe un panorama financiero complejo derivado de la merma en la actividad económica y la licuación del poder adquisitivo.
Los datos oficiales incluidos en la iniciativa revelan que durante enero de este año se registró una baja nominal del 5% en los ingresos comparado con el mismo mes de 2025. Al contemplar el impacto inflacionario, esa cifra se traduce en una pérdida real de financiamiento que roza el 38% para las arcas de la capital fueguina.
Un punto central del conflicto financiero reside en las deudas por coparticipación que el Municipio reclama tanto a nivel nacional como provincial. Según el documento, los montos pendientes escalan por encima de los 12 mil millones de pesos, lo que representa un bache de casi 35 días en el flujo de fondos habituales de la ciudad. Desde la Municipalidad advirtieron que este atraso compromete de forma directa la liquidez necesaria para la gestión operativa y el cumplimiento de la planificación estatal.
El análisis oficial también hace hincapié en el deterioro del mercado laboral fueguino y destaca la desaparición de unos 10.000 empleos industriales en la última década. El Ejecutivo sostuvo que durante el año pasado se realizó un “esfuerzo financiero significativo” para contrarrestar esta tendencia a través de una paritaria que acumuló un 33,34% de aumento. Ese incremento buscó proteger el consumo local al igualar o incluso sobrepasar los niveles de la inflación patagónica en el periodo mencionado.
En caso de ser aprobado, el proyecto otorgará herramientas de excepción para intervenir en la estructura de costos y servicios. El Ejecutivo quedaría habilitado para rediscutir, frenar o dar de baja contratos y concesiones, además de reestructurar las partidas del presupuesto y buscar nuevas formas de financiamiento o deuda. El programa también impone un congelamiento en el ingreso de personal a la planta permanente y suspende promociones, resguardando únicamente el funcionamiento de las áreas consideradas esenciales.
La gestión fundamentó que estas determinaciones apuntan a “readecuar la gestión económica y financiera del Municipio, priorizar el gasto público y garantizar la continuidad de los servicios esenciales” ante la incertidumbre actual. El articulado de la norma establece asimismo que el intendente tendrá la obligación de reportar posteriormente al Concejo Deliberante sobre cada una de las medidas extraordinarias que se adopten durante el ejercicio de la emergencia.
