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USHUAIA.- La compleja realidad del sector, que agrupa a ocho firmas que luchan por seguir operando, se remonta a 2021 cuando los textiles quedaron excluidos de la prórroga de beneficios que sí obtuvieron otras industrias. Garófalo detalló en Radio Provincia que la estocada final llegó con el decreto de 2023, que calificó de “discriminatorio” y confuso, y que dejó fuera de los beneficios a cinco de las once empresas que estaban activas, incluyendo a las de mayor tamaño.
Según el titular de CAFIN, la autoridad de aplicación optó por la peor interpretación de la norma. A pesar de que varias empresas han recurrido a la justicia con cautelares, el futuro es incierto, obligándolas a trabajar con garantías por todos los productos que comercializan.
El dirigente industrial aseveró que esta situación es producto de un “lobby” de larga data de las empresas textiles de Buenos Aires, cuyo objetivo es “terminar con la industria textil en Tierra del Fuego” porque la producción insular siempre representó un límite a los precios que podían manejar en el mercado interno, el cual históricamente ha sido subsidiado.
Garófalo defendió a las empresas fueguinas, recordando que la más grande, Augusta del Tex, utiliza un 85% de insumos que no se fabrican en el continente, desestimando el argumento de la falta de integración nacional.
A esta persecución por los beneficios impositivos, se suma una crítica situación fiscal. Las firmas están recibiendo intimaciones de pago debido a que Nación, mediante una interpretación que el sector rechaza, estableció “mágicamente” un cupo en pesos no actualizable para el beneficio fiscal. E
ste cupo, que según Garófalo no se desprende de la letra del decreto, se agotó rápidamente, alcanzando para apenas dos meses en 2024, lo que agrava la parálisis por la falta de demanda.
Ante este escenario, Garófalo solicitó un compromiso político para frenar esta “locura” por 180 días y rediscutir el futuro del sector, lamentando que “a nadie le interesa” los cientos de empleos que están en juego.
