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RIO GRANDE.- La crisis educativa en Tierra del Fuego ha escalado a un nuevo y crítico nivel, saliendo de las escuelas para aterrizar directamente en los tribunales. Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Nº 32 “Iyu que deja Huellas” sita en calle Prefectura Naval 1098 de Río Grande, impulsados por la alarmante cantidad de días sin clases, ha presentado un recurso de amparo contra el Gobierno provincial, buscando una intervención judicial que obligue a garantizar el ciclo lectivo. Este movimiento legal representa un paso inédito y refleja la creciente desesperación de las familias ante un sistema educativo que consideran “en abandono”.
El planteo, patrocinado por el abogado Francisco “Paco” Giménez, no es un ataque a los docentes, sino una exigencia al Estado para que cumpla con su deber constitucional. “Los padres han hecho las cuentas: en lo que va del ciclo escolar 2025, los chicos solo tuvieron alrededor del 30% de los días de clases. De un calendario de 180 días, apenas llegarán a 60. Esto significa una vulneración absoluta del derecho a aprender y una pérdida de contenidos que la provincia lamentará por años”, explicó Giménez. El recurso detalla que esta grave situación es resultado de una combinación de paros, asambleas docentes, desobligaciones y problemas de infraestructura que se han vuelto crónicos en la provincia.
El antecedente de 2008 y la urgencia de la medida cautelar
La estrategia legal se apoya en un antecedente clave: un amparo similar presentado en 2008 contra el gobierno de Fabiana Ríos, que resultó en una intimación judicial para que se garantizaran las clases. “Con ese precedente, este recurso debería prosperar de forma inmediata”, afirmó el letrado, mostrando su confianza en que la Justicia actuará con celeridad.
La presentación incluye un pedido de medida cautelar, una figura legal que busca una resolución inmediata sin necesidad de esperar la respuesta del Gobierno, dada la gravedad de la situación. “Pedimos que la Justicia resuelva ‘inaudita parte’, porque es una situación gravísima que requiere una solución urgente”, advirtió Giménez.
El abogado fue enfático al describir la situación, calificándola como una “tragedia educativa” que compromete el futuro de los niños. “Estamos presenciando uno de los peores momentos del sistema educativo fueguino. Es hora de que los padres tomen conciencia de este abandono de la función primordial del Estado, que es educar a sus ciudadanos”. La preocupación es que esta situación no se limite a una sola escuela, y el abogado ya ha anticipado que otras familias de la provincia, viendo este precedente, podrían tomar la misma vía legal. “No deben quedarse en la protesta simbólica; la Justicia es el camino para hacer valer el derecho de sus hijos”, remarcó.
Un llamado a la acción y a la reflexión
El recurso fue presentado esta semana, y se espera que la Justicia se expida en los próximos días, con la esperanza de que para el lunes o martes se ordene la normalización de las clases en la Escuela 32.
A partir de allí, será el Gobierno provincial quien deberá informar qué medidas tomará para garantizar el derecho a la educación de los niños. El reclamo de las familias es claro y contundente: no están cuestionando el derecho de huelga de los docentes, sino la inacción de una administración que, a su entender, ha fallado en su responsabilidad más básica. Este amparo no es solo un reclamo por más días de clase, sino un grito de auxilio por la educación pública de la provincia.
