Clima Rio Grande: ver extendido

Todas las farmacias cortaron el servicio a afiliados de OSEF

La falta de pago por parte de la obra social estatal, con saldos pendientes desde agosto del año pasado, forzó a los comercios del sector a suspender las prestaciones en las tres ciudades de la provincia. Los propietarios aseguran que la carga financiera ya resulta inmanejable.

USHUAIA.- El panorama de la salud fueguina atraviesa días de extrema incertidumbre. La decisión conjunta de las farmacias de interrumpir el expendio de medicamentos a los beneficiarios de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) ya es un hecho. La medida, que impacta de lleno en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, tiene su origen en un pasivo que la entidad arrastra desde agosto de 2025 y que ha vulnerado la caja de los locales farmacéuticos.

Ángel Paliza, vocero de la firma que nuclea a la cadena Farmatotal, explicó la magnitud del bache financiero en una entrevista con Radio Provincia. El directivo precisó que el Estado, a través de la gestión de FACAF, adeuda el pago de las prestaciones desde hace medio año. Si bien hubo un movimiento de fondos reciente, Paliza detalló que la semana pasada apenas se acreditó un anticipo del 75% correspondiente al mes de octubre, quedando todavía en el aire los meses de agosto y septiembre, además del resto del acumulado corriente.

La interrupción de la cobertura llegó a un límite irreversible por el volumen del rojo fiscal y por la sensibilidad social en Tolhuin, donde la red afectada sostiene casi la totalidad del servicio. Al respecto, el empresario remarcó que la cifra en juego es de tal relevancia que los empujó a tomar una determinación que definió como “odiosa por el hecho de abastecer a casi todos los habitantes de dicha localidad y al 100% de los beneficiarios”.

El cronograma de suspensión se aplicó de forma gradual en el mapa provincial. De acuerdo a lo informado por los profesionales del área, el bloqueo de la atención inició en la capital fueguina el lunes de la semana previa. Por su parte, en la zona norte de la provincia, específicamente en Río Grande, la restricción en los mostradores comenzó a implementarse el lunes último.

Un punto que profundizó el malestar de los prestadores fue la supuesta discrecionalidad en el manejo de los fondos por parte de la cúpula de la obra social. El socio gerente sostuvo que el conflicto escaló cuando el organismo decidió girar partidas presupuestarias a una sola farmacia en todo el territorio provincial, una maniobra que dejó al resto de los establecimientos sin fondos para afrontar sus compromisos.

La falta de certezas sobre cuándo se normalizará la situación responde a una lógica económica elemental que hoy impide el trabajo cotidiano de las farmacias. El referente del sector puso en duda la sostenibilidad de cualquier estructura que deba operar sin percibir sus haberes desde agosto de 2025 hasta este mes de febrero de 2026.

A este ahogo financiero se le suma el desgaste por el corte de los vínculos institucionales con los funcionarios del área. Paliza expresó su preocupación por la inexistencia de un interlocutor válido, señalando que el único contacto con el que cuentan manifiesta no tener órdenes ni herramientas de gestión por parte de la dirección de la OSEF, lo que clausura cualquier posibilidad de negociación para solucionar el tema.

La realidad con el resto de los financiadores del sistema sanitario es muy distinta. Los farmacéuticos aclararon que el cumplimiento de las demás obras sociales y empresas de medicina prepaga es normal, lo que pone de relieve que el incumplimiento estatal es una situación extraordinaria y de suma gravedad.

A pesar de la firmeza de la medida de fuerza, los comercios del rubro aclararon que el objetivo no es judicializar el reclamo, sino conseguir un esquema de pagos que devuelva el equilibrio al sistema. Los representantes del sector señalaron que no buscan escalar el conflicto sino acercar posiciones, pero que decidieron cortar el suministro debido a que ya no pueden seguir financiando la deuda. La exigencia final apunta a que el Ejecutivo provincial cancele los saldos para asegurar que el servicio sea sustentable y no se vea afectada la salud de los pacientes.