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USHUAIA.- En los últimos meses, el presidente de la sociedad estatal Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, había afirmado en reiteradas ocasiones que la Dra. Ana Constanza Carro había sido removida de su cargo como Síndica Titular en una supuesta asamblea extraordinaria. Basado en esa supuesta decisión, D’Alessio le había impedido a la síndica fiscalizar la empresa, llegando incluso a asegurar que contaba con un acta de accionistas que respaldaba su accionar.
Sin embargo, en un giro sorprendente, el propio D’Alessio, luego declaró lo contrario ante el órgano regulatorio, la Inspección General de Justicia (IGJ). Según consta en los edictos ordenados por la IGJ y publicados en el Boletín Oficial Nº 5897 del 18 de agosto de 2025, la Dra. Carro es, en efecto, la síndica titular designada por la Legislatura. Este acto oficial expuso la conducta contradictoria e inexplicable del presidente de la sociedad, ya que ante los organismos de control reconoció la vigencia de la síndica que públicamente había negado.
Este episodio desnudó una nueva irregularidad en el seno de la empresa. Mientras la máxima autoridad societaria le niega la continuidad a la síndica y le impide fiscalizar, el organismo de control administrativo le reconoce la vigencia en sus funciones. La Dra. Carro denunció que no se le ha permitido acceder a la documentación contable y societaria del ejercicio 2024, lo que incumple los deberes de transparencia que establece la Ley General de Sociedades. La síndica advirtió que la obstaculización deliberada de su labor es una conducta antijurídica que podría configurar el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Tapar una irregularidad con otra similar
Pero la trama no terminó allí. Después de que la Dra. Carro hiciera público este accionar contradictorio, Terra Ignis realizó, de manera repentina, una nueva inscripción ante la IGJ, esta vez registrando la asamblea extraordinaria que se llevó adelante hace un año que, según D’Alessio, había removido a la síndica. Esta acción, que busca justificar la primera declaración y subsanar el error, lejos de solucionar el problema, desnudó una conducta intencional y dolosa de la empresa por ocultar información. La Dra. Carro confirmó que el hecho de presentar un proyecto de asamblea en la Legislatura para removerla y luego inscribir algo diferente en la IGJ constituye una prueba de la intención de ocultamiento.
La situación actual no solo confirma un desorden institucional en la gestión de Terra Ignis, sino que intensifica los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos.
A pesar de la ratificación oficial por parte de la IGJ, la Sindicatura sigue sin poder ejercer sus tareas de fiscalización, manteniendo a la empresa en un estado de irregularidad y bajo la sombra de un accionar que ahora es investigado por la justicia.
