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USHUAIA.- En las ciudades de Ushuaia y Tolhuin, y mientras las boletas del servicio esencial de agua han registrado un salto del 40 por ciento en el transcurso del año, el organismo provincial responsable vuelve a presentar una iniciativa de ajustes monetarios complementarios.
La DPOSS tiene por objetivo modificar el actual Régimen Tarifario para aplicar un esquema de costos que será superior a partir del 1 de enero del año venidero. Esta medida se fundamenta en una justificación de naturaleza técnica que, sin embargo, ha generado serias dudas en la población y entre los empresarios.
Existe una sensación generalizada de que se avecinan más incrementos, nuevas obligaciones financieras y que la calidad de la prestación no está a la altura.
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios ha fijado la convocatoria a audiencia pública para el día 19 de diciembre. El cronograma estipulado posee una finalidad clara, que es dejar plenamente operativa la entrada en vigor de la nueva metodología tarifaria con el inicio del ejercicio económico 2026.
Aún cuando el costo del servicio ya marcó una suba acumulada del 40 por ciento a lo largo de 2025, el ente regulador mantiene su postura respecto a la necesidad impostergable de alcanzar el denominado “equilibrio financiero”. Esto plantea serios interrogantes acerca de si la sustentabilidad económica del organismo se sostiene únicamente a través del aumento de la presión financiera sobre los consumidores.
En su propuesta, la DPOSS ratifica la continuidad del Índice de Variación Salarial propio (IVS DPOSS). Este mecanismo garantiza la suba automática y mensual de la tarifa. Se trata de un cálculo polinómico que se ajusta por sí mismo, sin necesidad de contar con una discusión legislativa ni un análisis de carácter político, y que se impulsa por los mismos índices inflacionarios que afectan a la economía en general.
La particularidad de esta nueva medida radica no en la continuación de la tendencia ascendente, sino en la manera en que se compone la nueva fórmula. Se establece una ponderación del 62,9 por ciento asignada a los sueldos, 13,6 por ciento a los precios mayoristas, 22,4 por ciento a los precios destinados al consumidor final y 1,1 por ciento para solventar los gastos de infraestructura.
La Dirección asegura que esta composición “refleja de una mejor forma la estructura de costos”. Sin embargo, las voces de los usuarios y otros observadores críticos sostienen que este diseño busca más bien sostener la capacidad de ingresos de la caja interna del organismo.
Como un paliativo ante el impacto general de las medidas, el proyecto introduce algunas condiciones de flexibilidad pensadas para beneficiarios sociales, pensionados o jubilados. Estas adaptaciones permiten a dicho grupo acceder a reducciones en el costo del servicio incluso cuando sus nombres no figuren como titulares únicos de la propiedad. Este es considerado un gesto de mínima significación frente al panorama de subas generalizadas que, finalmente, serán solventadas por la totalidad de la comunidad.
Respecto a la eximición del pago de descargas cloacales para motorhomes y rodantes, la iniciativa busca “ordenar” la actividad y prevenir riesgos ambientales. Si bien se reconoce como una disposición beneficiosa, su incidencia es acotada en comparación con la magnitud del ajuste.
Algo similar sucede con las modificaciones en servicios de carácter eventual, los glosarios tarifarios, el uso de maquinaria o las definiciones de tipo administrativo. Estos puntos se presentan bajo el concepto de modernización, aunque en la práctica implican ampliar la capacidad de facturación a más categorías de consumo.
Uno de los aspectos que mayor polémica despierta es la inclusión de nuevos gravámenes. Se implementa el “cargo por incumplimiento de factibilidad”, que fija una sanción de $5 millones para obras de hasta cinco unidades funcionales y de $20 millones para proyectos de desarrollo de mayor envergadura.
La tesis oficial es que cubre los gastos generados por construcciones que no cumplen con las autorizaciones debidas. No obstante, diversos actores del sector privado lo consideran una penalización excesiva y lo ven como otra fuente de ingreso extraordinario para la DPOSS.
El flamante régimen de “Agua para Construcción” determina que la facturación del servicio se realizará por metro cuadrado y autoriza la colocación de caudalímetros para obtener una medición real del consumo. La finalidad de esta medida resulta lógica, pero en un año donde la tarifa ya se elevó un 40 por ciento, cualquier cambio en el cálculo es percibido como una vía adicional para aumentar los costos.
Asimismo, las nuevas disposiciones sobre el servicio medido resultan transparentes, pero están orientadas a impedir que el usuario minimice el pago, sin que se observe una tendencia en sentido contrario.
La versión oficial que sostiene la DPOSS es que todo este paquete tarifario tiene por fin “equilibrar la prestación sin afectar a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.
Sin embargo, la realidad indica que la mayor parte de los hogares de Ushuaia y Tolhuin ya absorbieron los aumentos del 40 por ciento registrados en 2025 y perciben el anuncio inminente como una nueva ola de incrementos financieros que se encubre bajo el concepto de modernización tarifaria.
