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BUENOS AIRES.- La gestión nacional busca obtener este miércoles el dictamen necesario en la Cámara de Diputados para tratar la reforma laboral al día siguiente. Ante este escenario, la CGT y los gremios de la administración pública confirmaron su participación en un paro total de actividades. Como respuesta, la administración central notificó que aplicará recortes en los haberes de aquellos trabajadores que no asistan a sus puestos o que se ausenten de sus funciones habituales durante la fecha de la protesta.
Desde los despachos de la Casa Rosada confirmaron la decisión administrativa de manera tajante. Voceros oficiales señalaron que, si bien los trabajadores tienen libertad de acción, ya fueron debidamente notificados de que “les vamos a descontar el día a quienes se adhieran” a la huelga general.
Esta determinación administrativa repite el esquema utilizado por el Poder Ejecutivo en las convocatorias previas de la central obrera. No obstante, a diferencia de la última movilización de abril de 2025, esta vez el cese de tareas alcanzará también al transporte público de pasajeros, incluyendo colectivos, trenes, subterráneos y taxis. El plegamiento de estos sindicatos complica la logística mínima, aunque desde el oficialismo insisten en que el personal debe presentarse a cumplir sus tareas por cualquier medio disponible.
En lo que respecta a la interna gremial, las estrategias aparecen divididas. Mientras que UPCN, bajo la conducción de Andrés Rodríguez, se sumará al paro sin movilizar, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que marchará hacia la zona del Congreso. La intención de este último sector es ejercer presión presencial mientras los legisladores debaten el articulado de la nueva normativa laboral en el recinto.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, fue quien ratificó la movilización tras cuestionar el avance del proyecto en el Parlamento. El dirigente argumentó que es necesario evitar que el Congreso trabaje sin la presencia de los trabajadores en las inmediaciones para no facilitar la aprobación de la ley. Además, el gremialista lanzó duros cuestionamientos a la dinámica legislativa y comparó con sarcasmo que en la votación previa en el Senado circuló una cantidad de dinero sospechosa, afirmando que “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.
Desde la cúpula de la CGT, Andrés Rodríguez fundamentó la necesidad de la huelga general del jueves señalando que el proyecto de ley vulnera conquistas históricas de los asalariados. Según su visión, “el principal motivo” de la medida de fuerza se basa en que “el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”, lo que justifica el endurecimiento de la postura sindical.
La controversia escaló originalmente por un punto que afectaba severamente las licencias por enfermedad, lo que obligó al oficialismo a introducir cambios de último momento que se presentarán en las comisiones. Pese a que el Gobierno considera que estas modificaciones restan fuerza a la protesta, los gremios advierten que persisten otros puntos conflictivos. Entre ellos mencionan la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los acuerdos por empresa sobre los de actividad y las nuevas restricciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
Finalmente, el sector del transporte confirmó su paralización total por 24 horas siguiendo las directivas de la CGT. Omar Maturano, referente de La Fraternidad, adelantó que el anuncio formal se realizará en una rueda de prensa este miércoles. En paralelo, persisten las tensiones internas en el movimiento obrero, donde algunos sectores, como la UOM de Córdoba, tildaron de insuficiente la estrategia de la conducción nacional por considerar que el momento actual requiere una resistencia mucho más activa en las calles.
