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Restringen el acceso a los periodistas acreditados y clausuran la sala de prensa en la Casa Rosada

La administración nacional bloqueó el ingreso de los cronistas habituales tras suspender la prórroga de las credenciales vencidas. La medida coincide con una denuncia penal contra trabajadores de prensa y la visita de un empresario extranjero.

BUENOS AIRES.- La jornada en la Casa de Gobierno se vio alterada por una determinación oficial que impidió la entrada de los periodistas que desempeñan sus tareas diariamente en el edificio. Los trabajadores de prensa se encontraron con sus accesos biométricos inhabilitados poco antes de un encuentro programado entre Javier Milei y Peter Thiel, titular de la firma de ciberseguridad Palantir. Según los registros históricos, una disposición de este tenor no se aplicaba en el país desde hace medio siglo.

Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la resolución responde al vencimiento administrativo de las acreditaciones anuales. Si bien existía una extensión del permiso que permitía el trabajo de los medios durante todo el mes de abril, la misma fue dada de baja de manera imprevista por las autoridades. Esta situación se suma a un antecedente reciente donde se limitó la permanencia de diversos cronistas bajo la justificación de presuntas maniobras de desestabilización externa.

La medida actual parece estar vinculada a un episodio ocurrido días atrás que involucró la grabación de imágenes en sectores restringidos de la sede gubernamental. El oficialismo denunció que un equipo periodístico utilizó tecnología de cámaras ocultas para registrar los pasillos sin el consentimiento previo. A raíz de este hecho, se inició una acción judicial contra Ignacio Salerno y Luciana Geuna, quienes recibieron descalificaciones públicas por parte del Jefe de Estado, quien se refirió a ellos como “basuras repugnantes”.

En paralelo a la clausura de la sala de periodistas, trascendió que el Gobierno nacional analiza elevar una propuesta legislativa para endurecer los controles sobre la profesión. El proyecto buscaría obligar a los comunicadores a presentar declaraciones juradas de bienes y patrimonio, estableciendo un estándar de transparencia equiparable al que rige para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

La decisión generó un fuerte rechazo en el sector debido a la falta de espacios para el ejercicio de la libertad de prensa en el ámbito oficial. Mientras las puertas de la sala permanecen cerradas, el flujo de información habitual desde la Casa Rosada quedó interrumpido, profundizando la distancia entre la gestión central y los medios encargados de la cobertura de los actos de gobierno.