Presentan una denuncia formal contra la Clínica San Jorge

USHUAIA.- La tensión entre la Obra Social del Estado Fueguino y el sector privado sumó un capítulo judicial y administrativo de alto impacto. Adriana Soria, vocal por el sector activo, motorizó una denuncia contra la Clínica San Jorge ante la conducción de la entidad, encabezada por Mariana Hruby y Gustavo García, debido a la implementación unilateral de restricciones en la atención ambulatoria.

Según el documento presentado por la vocalía, el centro médico comenzó a aplicar un sistema de cupos que limita la recepción de pacientes a un número irrisorio de siete turnos por jornada. Esta determinación representa un incumplimiento liso y llano del convenio firmado en septiembre de 2025, el cual obliga a la clínica a brindar una cobertura integral y sin exclusiones a toda la masa de afiliados.

Lo que más irritación causó en el sector gremial es la naturaleza selectiva de la medida. La restricción recae exclusivamente sobre los beneficiarios de la OSEF, mientras que los pacientes de otras prepagas u obras sociales nacionales continúan siendo atendidos con normalidad. Para los denunciantes, esto configura una clara discriminación basada en el tipo de cobertura que posee el trabajador estatal.

Desde la representación de los trabajadores fueron tajantes al respecto de los motivos detrás de este recorte en las prestaciones. “No vamos a permitir que la salud de las familias trabajadoras sea utilizada como rehén de intereses económicos ni como moneda de cambio en una mesa de negociación”, advirtieron mediante un comunicado que busca poner blanco sobre negro en la disputa financiera.

El análisis de la vocalía sugiere que esta limitación es una herramienta de presión en el marco de las renegociaciones de aranceles. Dado que el sistema vigente es de pago por prestación, donde cada consulta genera un ingreso genuino para el prestador, restringir los turnos a un número tan bajo carece de lógica médica y se interpreta como un mensaje político-económico hacia el Directorio.

Ante este escenario, se exigió que el organismo tome cartas en el asunto de forma inmediata a través de la intimación a la clínica para que deponga su actitud. Además, solicitaron que se apliquen las multas y sanciones correspondientes por las faltas contractuales detectadas y que los representantes del Ejecutivo en la obra social asuman su responsabilidad en la protección del sistema.

Adriana Soria fue contundente al señalar que la falta de firmeza institucional podría tener un costo político elevado para la actual gestión. “Si el Gobierno Provincial, a través de sus representantes en el Directorio, no frena este abuso, será el único responsable político de dejar desprotegidos a miles de trabajadores estatales”, sentenció la vocal.

El conflicto permanece abierto y con final incierto, mientras los afiliados se encuentran en el medio de una puja de intereses que amenaza con resentir aún más el ac