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USHUAIA.- La administración de Tierra del Fuego formalizó una actualización en el esquema de ingresos destinada exclusivamente a la cúpula del poder político que acompaña al gobernador Gustavo Melella. Mediante el Decreto 092/26, rubricado el 21 de enero por la vicegobernadora en ejercicio del Poder Ejecutivo, se establecieron dos adicionales que impactan de manera directa en las liquidaciones de ministros y funcionarios jerárquicos. La normativa introduce los conceptos de “Servicios Acumulados” y “Formación Profesional Acreditada”, otorgando un beneficio que no alcanza al resto de la administración pública.
El mecanismo diseñado por el Gobierno contempla en su artículo segundo un plus por antigüedad que otorga un 2 % por cada año de servicio efectivo cumplido en el ámbito estatal, con una actualización automática cada inicio de año. No obstante, el mayor impacto financiero se desprende del cuarto artículo del decreto, donde se reconoce un adicional del 35 % sobre el haber básico para aquellos funcionarios que acrediten un título de grado. Esta cifra representa una mejora sustancial que se aplica sobre las categorías políticas detalladas en los anexos de la norma.
Desde el entorno de la gestión de Gustavo Melella justificaron la medida bajo argumentos de “razonabilidad, equidad y adecuada retribución de la función pública”. En los considerandos del documento se sostiene que la intención es jerarquizar la tarea del gabinete sin alterar la estructura general de haberes de la provincia. A pesar de estas explicaciones oficiales, el carácter selectivo de la medida generó malestar debido a que los nuevos ítems tienen un alcance restringido y delegan en el Ministerio de Economía la facultad de reglamentar e interpretar los porcentajes de pago.
El contraste con la realidad de la comunidad
La implementación de este nuevo esquema salarial para la planta política se produce en medio de una fuerte tensión con los gremios estatales, quienes denuncian una caída persistente en el poder de compra de los salarios públicos. Mientras las mesas paritarias se desarrollan bajo un clima de austeridad y restricciones presupuestarias, el círculo de funcionarios de mayor jerarquía logró consolidar una mejora automática en sus haberes mediante el reconocimiento de su formación profesional.
El Decreto 092/26 termina por blindar los ingresos del gabinete provincial bajo un andamiaje técnico que evita la terminología de un aumento convencional. En la práctica, la decisión gubernamental prioriza el fortalecimiento de las dietas de los cargos políticos por sobre la recomposición general de la administración, instalando un debate sobre la oportunidad política de la medida en un contexto de crisis económica y ajuste para el resto de los trabajadores de la isla.
