Polémica: Nuevo estatuto expande las facultades de la Policía Federal

BUENOS AIRES.- Una reciente resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, firmada por Patricia Bullrich, desató una profunda preocupación en diversos sectores al modificar la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) y otorgarle facultades extraordinarias. La medida, contenida como anexo del Decreto 383/2025, permite a la fuerza realizar detenciones, allanamientos y requisas discrecionales, así como tareas de espionaje, lo que es visto como un avance sobre las libertades democráticas.

La preocupación se centra en que la PFA, según este nuevo estatuto, deja de ser una “policía de seguridad y judicial” para convertirse en garante de la “seguridad nacional”. Este cambio de rol le otorga la potestad de intervenir de manera “espontánea” en casos de delitos flagrantes o a requerimiento del Poder Ejecutivo, incluso si no hay flagrancia real. Esto implicaría que la PFA podría desplegar sus renovadas facultades por orden política, un aspecto que genera una fuerte alarma en cuanto a la separación de poderes y el respeto de los derechos individuales.

El documento oficial habilita a la PFA a realizar tareas de inteligencia criminal, que incluyen la obtención, reunión, sistematización y análisis de información sobre actividades criminales o riesgos para la seguridad interior. Lo más inquietante es que estas facultades se ejercerían “por fuera de las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones”, lo que sugiere un posible bypass de los controles legales existentes para este tipo de actividades. Además, la PFA podrá recabar información y asegurar pruebas para presentarlas al Ministerio Público o a los jueces, lo que implica que la policía podría decidir qué elementos reunir para iniciar una causa judicial, en lugar de investigar hechos a pedido del poder judicial. Para ello, se les permite acceder a bases de datos públicas y privadas, así como crear las suyas propias. Incluso, la PFA podrá decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros deben efectuarse y luego requerir la autorización judicial.

Otro punto controvertido de la resolución es la ampliación del uso del ciberpatrullaje sin necesidad de autorización ni orden judicial, abarcando todo tipo de espacio público digital, incluyendo redes sociales y sitios web. Esto significa que la PFA podría monitorear libremente las comunicaciones y actividades en línea de los ciudadanos. Se destaca también la habilitación para realizar requisitas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público. La norma establece que la PFA se regirá por las disposiciones procesales federales vigentes, pero hace una excepción preocupante: si la autoridad jurisdiccional brinda “precisiones o indicaciones específicas respecto de las formalidades que deben observarse”, es decir, si los mandos políticos dan una orden contraria al Código Procesal, estas indicaciones prevalecerían.

Finalmente, en línea con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del artículo 34 del Código Penal, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza y a “esgrimir ostensiblemente sus armas” para asegurar la defensa de personas o derechos. Sin embargo, no se hace referencia a las leyes y convenios internacionales supraconstitucionales que exigen que el uso del arma sea proporcional a una amenaza equivalente y del mismo grado.

Este decreto y su anexo reglamentario se suman a una serie de medidas implementadas por el gobierno nacional que, según críticos, amplían de manera desmedida las facultades policiales, reducen los controles y, potencialmente, garantizan la impunidad de sus ejecutores. La preocupación se profundiza ante el reciente aumento de casos de “gatillo fácil”, detenciones arbitrarias y la represión de la protesta social, situaciones que podrían agravarse con estas nuevas prerrogativas para la Policía Federal.