Osef bajo la lupa por contratos con una farmacéutica investigada

USHUAIA.- La controversia sobre la gestión de la Obra Social del Estado Fueguino (Osef) se intensifica. El legislador Matías Lapadula presentó un proyecto de ley para que se investiguen los detalles de las compras realizadas al Laboratorio Suizo Argentina S.A. en los últimos cuatro años. Este pedido se basa en el crecimiento desmedido de los negocios de la empresa con la obra social, una situación que, además, coincide con investigaciones por presuntas irregularidades a nivel nacional que pesan sobre la misma firma.

El proyecto de Lapadula, que pronto será debatido en la Legislatura, busca una auditoría completa de los convenios y la compra de medicamentos, particularmente de alto costo, para confirmar si los precios pagados por Osef se ajustan a los valores de mercado. “En un contexto de crisis sanitaria, la transparencia en las contrataciones de Osef no es solo una obligación legal, sino un acto de responsabilidad hacia todos los ciudadanos de Tierra del Fuego”, enfatizó el legislador.

El explosivo aumento de la facturación de la droguería Suizo Argentina con OSEF es el punto más sensible del pedido de informe. Elvia Agüero, una referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), reveló cifras alarmantes: el gasto en esta firma pasó de solo $19.700 en 2020 a casi $2.000 millones en 2024. Este pico de gastos se concentra en los últimos veinte meses, periodo en el que se firmó un convenio que, si bien prometía un 30% de descuento en medicamentos caros, en la práctica eliminó la competencia, dejando a Suizo Argentina S.A. como el proveedor casi exclusivo.

Según Agüero, esta falta de licitaciones públicas ha provocado que la obra social llegue a pagar medicamentos con sobreprecios de hasta el 1.500%. La situación se agrava al conocerse que, durante este año, Osef realizó una sola licitación pública de medicamentos, optando por la compra directa en casi todos los demás casos.

El laboratorio en cuestión también ha sido objeto de investigaciones en otras provincias y a nivel federal, donde sus contratos con el Estado se han multiplicado exponencialmente, generando interrogantes sobre los mecanismos utilizados para asegurar tales negocios.