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RIO GRANDE.- Lo que comenzó como un rumor de pasillo en el sector portuario se transformó en una decisión administrativa con respaldo de puño y letra. El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Miguel Arreseygor, suscribió el instrumento legal donde se exponen los motivos y el horizonte temporal para que el Estado nacional tome las riendas de la infraestructura logística de la capital isleña.
El mecanismo de intervención se instrumentó formalmente mediante la Nota NO-2025-139247837 el pasado 16 de diciembre. Amparada en las facultades del DNU N.º 3/25, la ANPYN otorgó un intervalo de diez días corridos para que la administración local transfiera el personal jerárquico y operativo bajo la órbita federal con la premisa de no interrumpir la actividad en los muelles.
En la vereda opuesta, la Dirección Provincial de Puertos (DPP) mantiene una postura de rechazo absoluto frente a la veracidad del trámite. Roberto Murcia, titular del ente fueguino, desestimó la validez de la notificación y encuadró el movimiento de Nación como una maniobra de avasallamiento institucional contra la autonomía de la provincia.
Los argumentos de la ANPYN sostienen que la seguridad y el funcionamiento del Puerto de Ushuaia se encuentran amenazados, lo cual justifica el inicio de este proceso de control estatal. El texto administrativo busca forzar a la autoridad provincial a colaborar con el traspaso de los cuadros técnicos en un plazo que el documento describe como imposible de prorrogar.
La hoja de ruta planteada desde Buenos Aires tiene como meta estandarizar las condiciones de seguridad y subsanar las falencias de inversión detectadas en la terminal. El esquema de intervención se proyecta inicialmente por un año, con la posibilidad abierta de extenderse si la autoridad nacional considera que los fundamentos originales persisten.
El Ejecutivo nacional hace especial hincapié en la ubicación estratégica de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida y su relevancia en el tráfico entre océanos. Según la visión de la ANPYN, cualquier demora en la modernización de los servicios portuarios podría perjudicar la inserción de la economía argentina en los mercados internacionales.
A pesar del peso del expediente, Murcia insistió ante los micrófonos de la prensa local que el Gobierno fueguino no se da por notificado debido a que solicitaron el acceso formal a las actuaciones. El funcionario defendió la transparencia en la ejecución presupuestaria provincial y advirtió que, si Nación intenta avanzar de hecho, la respuesta fueguina será una presentación inmediata ante el fuero federal.
Para llevar calma al sector productivo y turístico, el responsable de la cartera portuaria local aseguró que la operatividad sigue vigente sin alteraciones de ningún tipo. En ese sentido, ratificó el cumplimiento de la agenda de arribos de embarcaciones pesqueras y el flujo previsto para la temporada de cruceros.
El escenario actual plantea un choque de realidades difícil de ignorar. Por un lado, existe un acto administrativo nacional con firma y número de registro, y por el otro, una negativa política que ignora la existencia del documento, dejando al Puerto de Ushuaia en el centro de una disputa que trasciende lo técnico para convertirse en una fuerte pulseada geopolítica.
