Nación intervino el Puerto de Ushuaia por irregularidades y falta de inversión

USHUAIA.- La administración del Puerto de Ushuaia quedó bajo la órbita de la Nación luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dictara su intervención administrativa por un plazo de un año. La medida, oficializada mediante la Resolución 4/2026, responde a una serie de incumplimientos detectados en la gestión de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), que pusieron en riesgo la seguridad de las operaciones en la terminal estratégica.

El conflicto se originó a partir de una denuncia presentada por gremios portuarios y ferroviarios ante la sanción de la Ley Provincial 1596. Esta normativa local pretendía utilizar el superávit financiero del puerto de los años 2024 y 2025 para financiar un fondo de emergencia de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Según la autoridad nacional, este movimiento de dinero viola el convenio de transferencia de 1992, que obliga a que los ingresos portuarios se reinviertan exclusivamente en la actividad del sector.

Tras las denuncias, una inspección técnica realizada a fines de 2025 reveló un panorama alarmante en la infraestructura del muelle comercial. Los peritos informaron sobre el deterioro avanzado de las defensas, fallas en los pavimentos del Sitio 3 y la falta de sistemas adecuados de protección contra incendios. Además, se verificó una inversión casi nula en obras, representando apenas el 1,3% de los gastos totales de la administración portuaria.

A pesar de que el descargo presentado por el Gobierno de Tierra del Fuego intentó justificar la situación, la ANPYN consideró que las explicaciones fueron insuficientes para garantizar la seguridad operativa. La resolución señala que existe un desbalance financiero peligroso, con una alta concentración de recursos destinados a salarios y préstamos externos, mientras que la terminal sufre de obsolescencia tecnológica y falta de personal idóneo en áreas de ciberseguridad.

La intervención, que tendrá una vigencia inicial de 12 meses, estará liderada por la Gerencia de Coordinación Técnica de la Agencia, con el apoyo especializado de la Administración General de Puertos (AGP). Aunque el organismo nacional también dispuso la suspensión de la habilitación del puerto, decidió postergar la ejecución de esa sanción para no perjudicar la temporada de cruceros 2025-2026 y asegurar el abastecimiento de la isla.

Para garantizar que la medida se cumpla de manera efectiva, se solicitó la colaboración de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo final del operativo es normalizar las condiciones de seguridad en un nodo logístico que resulta fundamental para la soberanía argentina y el turismo antártico