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USHUAIA.- La administración de Javier Milei concretó un nuevo movimiento financiero para asistir a la provincia de Tierra del Fuego mediante un anticipo de coparticipación que alcanza los 20 mil millones de pesos. Esta maniobra representa la segunda ayuda económica otorgada por el Gobierno nacional en lo que va del presente período anual, repitiendo el esquema de auxilio que ya se había implementado durante el mes de enero con el propósito de asegurar el pago de sueldos y otras erogaciones operativas del Estado provincial.
El procedimiento administrativo quedó plasmado en el decreto 190/26 del Boletín Oficial provincial, donde la vicegobernadora Mónica Urquiza dio el visto bueno al convenio 27211. El documento lleva las firmas del mandatario Gustavo Melella y del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, quien actuó en nombre de la cartera económica conducida por Luis Caputo.
El pacto se selló formalmente en la Ciudad de Buenos Aires el pasado 2 de febrero y se ampara en la Ley 11.672, marco legal que permite este tipo de mecanismos de asistencia para las jurisdicciones del interior. Se trata de una herramienta de financiamiento que el Poder Ejecutivo fueguino ya había activado a finales de diciembre mediante el decreto 2/26, lo cual resultó indispensable para cancelar los haberes correspondientes al primer mes del año.
La sumatoria de estos dos envíos de fondos, de 20 mil millones de pesos cada uno, se realizó bajo la modalidad “ad referéndum” de la Legislatura de la provincia. Estas partidas de dinero funcionaron como un respirador artificial para que el gabinete de Melella pudiera dar cumplimiento a la pauta salarial y a las obligaciones fijas de cada mes en un escenario marcado por la escasez de liquidez y las presiones fiscales.
Desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda aclararon que estos movimientos no representan giros de dinero discrecionales ni recursos de carácter extraordinario. En realidad, se trata de adelantos técnicos sobre los montos que legalmente le pertenecen a la jurisdicción por el Régimen de Coparticipación Federal, por lo cual la Provincia debe devolverlos dentro del mismo mes calendario a través de descuentos automáticos en su recaudación diaria.
En cuanto al costo financiero de la operación, el acuerdo fija que la tasa de interés se regirá por la TAMAR en pesos para entidades privadas que publica el Banco Central al momento de cada transferencia. La devolución del capital se ejecutará de forma diaria según lo estipule la autoridad de Hacienda nacional, teniendo en cuenta siempre la capacidad de repago que demuestre la administración fueguina.
Los intereses generados se liquidarán de forma proporcional sobre el saldo deudor y se cancelarán mediante el mismo sistema de retención de fondos coparticipables. De esta manera, el mecanismo asegura que el Estado nacional recupere la totalidad de los recursos de manera ágil sin afectar el equilibrio presupuestario global.
La repetición de este gesto financiero en el primer bimestre del año se lee como un mensaje de previsibilidad por parte del Ministerio de Economía nacional hacia la isla. El objetivo principal radica en evitar una asfixia en las cuentas públicas y garantizar que los compromisos básicos del Estado provincial se cumplan sin sobresaltos.
En un marco de fuerte ajuste en las transferencias y retracción del gasto público, esta coordinación entre la Casa Rosada y la gobernación fueguina demuestra una búsqueda de estabilidad institucional. Más allá de las distancias políticas existentes entre ambas administraciones, la prioridad parece estar puesta en garantizar que la provincia pueda navegar el inicio del año con el pago de sus obligaciones en tiempo y forma mientras se monitorea la evolución de los ingresos fiscales futuros.
