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USHUAIA.- La reforma de la Constitución provincial ha pasado de ser la prioridad del oficialismo a convertirse en una carga pesada que el gobernador Gustavo Melella evalúa soltar antes de que el costo político sea irreversible.
De acuerdo con información obtenida por este medio a través de fuentes confiables de la Casa de Gobierno, la administración central analiza seriamente desestimar el llamado a elecciones debido a una combinación letal de asfixia financiera y pérdida de sustento político. El Mandatario se encuentra hoy en una encrucijada donde la realidad de los números se impone sobre sus ambiciones de reforma, obligándolo a recalcular sus pasos ante un posible colapso institucional.
La situación económica de la provincia se ha vuelto un obstáculo insalvable para cualquier despliegue electoral de esta magnitud. En la Jefatura de Gabinete que conduce Jorge Canals, la liquidación de 392 haberes destinados a cargos políticos y punteros del partido FORJA expone una estructura de gastos que la sociedad ya no parece dispuesta a tolerar. Con un esquema que roza los 500 cargos de designación directa en toda la administración, el presupuesto fueguino se desangra en una crisis autoinfligida por decisiones teñidas de demagogia. A esto se le suma la falta de transparencia en proyectos como la Fábrica de Talentos, un emprendimiento que consume 12 mil millones de pesos anuales y sostiene a 261 empleados sin dar cuenta de su utilidad real.
En el plano político, el aislamiento de Melella es casi total. Por un lado, la Nación ha dejado en claro que no habrá salvatajes financieros gratuitos y que la relación será puramente formal, una postura que se cristalizó con la intervención del puerto local, donde se descubrió una sobrecarga de más de 60 cargos políticos improductivos.
Por otro lado, la dirigencia sindical y el peronismo en todas sus variantes se han apartado de la gestión, dejando al gobernador en una soledad absoluta. Este quiebre de confianza se traduce en un descreimiento ciudadano que las encuestas ya han capturado, ubicando a la gestión de Melella entre las peores valoradas del país según los recientes informes de la consultora CG Global Data.
El frente financiero no ofrece tregua debido a la caída persistente de las regalías y la coparticipación, lo que obliga al Ejecutivo a pedir adelantos de fondos de forma permanente para cubrir los baches de caja. Con un déficit mensual que alcanza los 20 mil millones de pesos y una recaudación propia en caída por el enfriamiento del consumo, el Ministerio de Economía ya envió un mensaje contundente al resto del gabinete. “No se puede hablar de una Reforma de la Constitución en medio de la crisis económica que tenemos”, sentenció un subsecretario provincial, confirmando que la prioridad hoy es evitar el regreso a los pagos de sueldos en cuotas, un fantasma que vuelve a sobrevolar la isla.
Mientras sectores de la Jefatura de Gabinete insisten en sostener el cronograma, la cartera económica advierte que la sangría de fondos debe detenerse de inmediato para garantizar la gobernabilidad básica.
Lo cierto es que el costo de la asamblea constituyente es visto hoy como un gasto superfluo que el gobierno no puede afrontar sin realizar un ajuste salvaje en otras áreas de la administración pública. Ante este panorama, Melella observa cómo sus antiguos socios le dan la espalda y la Libertad Avanza amenaza con capitalizar el descontento social en las urnas, lo que convertiría a la elección en una derrota política definitiva para su carrera.
El silencio que mantiene el Gobernador es interpretado en los pasillos oficiales como el preámbulo de una renuncia a su proyecto más ambicioso. La presión de la realidad económica y el vacío que le hizo la clase política local parecen haber sepultado el sueño de la reelección indefinida.
Ante la falta de recursos y la nula credibilidad en la comunidad, el mandatario mide el tiempo justo para anunciar la suspensión de la reforma, intentando que el impacto de este retroceso no termine por desmoronar definitivamente su esquema de poder.
