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Domingo 22 de febrero de 2026

Melella de dio un 35% de aumento a funcionarios y ofreció el 1% a los docentes

La brecha entre los salarios de la planta política y los trabajadores de la educación ha desatado un clima de fuerte tensión en la provincia. Mientras el Ejecutivo provincial oficializó una mejora sustancial para los cargos jerárquicos, la propuesta para el sector docente apenas alcanza una cifra simbólica, profundizando el malestar en las bases.

RIO GRANDE.- El escenario actual presenta una disparidad que los gremios califican de “provocación”. Por un lado, la administración de Gustavo Melella dispuso un incremento del 35% para los funcionarios del gabinete, una medida que busca —según fuentes oficiales— “recomponer el escalafón político”.

En la vereda opuesta, la última oferta presentada en la mesa paritaria a los representantes de SUTEF fue de un 1% de aumento. Este porcentaje, que resulta insignificante frente a la inflación acumulada y el costo de vida en la isla, ha sido rechazado de plano por el gremio docente.

La reacción gremial

Desde el SUTEF señalaron que esta decisión política demuestra cuáles son las prioridades del Gobierno provincial. “Es inadmisible que mientras se garantiza un piso de dignidad para los funcionarios, a quienes sostienen las escuelas se les ofrezca una limosna”, expresaron delegados del sector educativo.

Ante esta situación, se espera que en las próximas horas se profundicen las medidas de fuerza, que podrían incluir paros, movilizaciones y las ya conocidas asambleas y desobligaciones.

Un conflicto que escala

La tensión no solo radica en lo económico, sino en el mensaje político que emana de esta diferencia porcentual. Para los analistas, el “35 vs 1” se ha convertido en una bandera de reclamo que unifica a la comunidad educativa en un inicio de año marcado por la incertidumbre y la pérdida del poder adquisitivo.

El Gobierno, por su parte, aún no ha dado indicios de una nueva propuesta que acerque las posiciones, manteniendo el argumento de la “restricción presupuestaria” para el sector público, a pesar del decreto que favoreció a la planta política.