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USHUAIA.- La apertura del 43° período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Tierra del Fuego, este domingo 1 de marzo, no será un acto protocolar más. En lo que se interpreta como un gesto de capitulación ante la Casa Rosada, el gobernador Gustavo Melella comunicará su decisión de acoplarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Mandatario, acorralado por una crisis económica que dejó a la isla sin recursos, debió ceder ante el esquema diseñado por la gestión de Javier Milei para intentar atraer desembolsos que saquen al distrito del estancamiento.
El escenario para el Ejecutivo fueguino es dramático. Con las cuentas públicas devastadas y en medio de un default técnico, Melella se vio obligado a deponer su resistencia política para solicitar asistencia financiera inmediata a la Nación. Esta “arrodillada” ante el poder central busca obtener los fondos necesarios para cubrir gastos corrientes y salarios, en una provincia donde el conflicto político y la falta de herramientas financieras han convertido el futuro inmediato en una verdadera caída libre.
El sistema de incentivos que ahora impulsa el gobernador apunta a proyectos que superen los 200 millones de dólares en sectores como energía, minería, infraestructura y turismo. A cambio de una estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, el distrito espera sumarse al pelotón de 18 provincias que ya aceptaron las condiciones del Decreto 105/26, el cual extendió los plazos de adhesión hasta mediados de 2027. La presión de las cámaras empresariales locales, que veían con espanto cómo la isla quedaba fuera del radar de los capitales, terminó por sepultar la negativa inicial de la gobernación.
En su discurso, Melella también detallará un proyecto de ley propio con incentivos impositivos locales. La novedad que buscará calmar los ánimos en Balcarce 50 es la propuesta de podar la alícuota de Ingresos Brutos, una medida que el Gobierno nacional viene exigiendo a las provincias para mejorar la competitividad. Aunque no se conocen las escalas de inversión para acceder a estos beneficios, el anuncio deja en claro que la administración provincial ya no tiene espalda para sostener su anterior autonomía fiscal.
El freno oficial que tuvo que ceder
La reactivación de esta agenda legislativa no fue casual. El bloque de La Libertad Avanza en la isla, liderado por Natalia Graciania y bajo la órbita del diputado Santiago Pauli, venía marcando el pulso de la necesidad de este giro. Desde el espacio libertario leen este movimiento como una consecuencia inevitable de la mala administración local. “Melella viene teniendo unas semanas complejas. Está cambiando a los titulares de sus ministerios, tiene internas con intendentes y precisa movilizar inversiones para mejorar la dinámica provincial”, sostienen desde el oficialismo nacional, vinculando la decisión directamente con la urgencia por cubrir el bache de 20.000 millones de pesos solicitado recientemente.
A pesar de este alineamiento forzado por la necesidad, el frente político sigue siendo de alta tensión. El gobernador continúa marginado de las mesas de interlocución política de la Casa Rosada, y desde el entorno de Milei ya avisaron que el año próximo competirán con fuerza para arrebatarle el mando de la provincia. Esta disputa tuvo su capítulo más reciente en el Puerto de Ushuaia, cuya habilitación fue suspendida por la Agencia Nacional de Puertos tras detectar que un tercio del presupuesto se dilapidaba en subsidios, destinando apenas un 1,3% a obras de infraestructura real.
