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RIO GRANDE.- Una funcionaria del Hospital Río Grande quedó demorada la noche de este miércoles en un domicilio de la calle Alberdi al 56, luego de rehusarse a extender el documento formal que acreditaba el deceso de Juan Barría, de 60 años. Al hombre lo encontraron sin vida en el lugar, y la causa de su fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio provocado por una lesión de gangrena. La profesional de la salud podría enfrentar cargos por “desobediencia a una medida judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Al mediodía, efectivos de la Policía provincial se hicieron presentes en la vivienda luego de ser alertados por el entorno familiar del sexagenario. Una vez allí, las fuerzas de seguridad confirmaron el deceso de Juan Barría e inmediatamente descartaron cualquier indicio que sugiriera un hecho de criminalidad. No obstante, para poder avanzar con las actuaciones judiciales de rigor, resultaba imperioso contar con la correspondiente certificación médica de defunción, trámite que debía ser extendido por la doctora que asistió al sitio.
Según trascendió, el hombre había perdido la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio, cuyo origen se encontraba en una herida producto de una gangrena.
No obstante el cuadro de situación, la médica asistencial se habría negado a cumplimentar la extensión del certificado requerido. Frente a esta inesperada contingencia, tomó cartas en el asunto el Juzgado de turno. El magistrado ordenó la demora preventiva de la profesional con el objetivo de poder tomarle una declaración testimonial sobre los hechos.
La situación generó un profundo malestar y sorpresa entre los allegados, dado que la expedición del documento médico es indispensable para poder proseguir sin dilaciones con el proceso legal y el servicio funerario pertinente.
Finalmente, el juez de turno procedió a notificar formalmente a la doctora sobre sus derechos y garantías en relación a los presuntos delitos de “desobediencia a una medida judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Un perito forense dependiente del Poder Judicial se encargó de realizar la certificación luego de una autopsia, lo que permitió finalmente entregar el cuerpo a sus familiares para la sepultura.
