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TOLHUIN.- El presidente del Concejo Deliberante de esta ciudad, Matías Rodríguez, respondió a las críticas formuladas por integrantes del Ejecutivo municipal luego de que el cuerpo legislativo rechazara la ordenanza dictada durante el receso para establecer el cuadro tarifario de las termas del Río Valdez.
El concejal defendió la postura adoptada por los ediles y sostuvo que la discusión excede el valor de las entradas, ya que involucra aspectos administrativos, jurídicos y de planificación que, según afirmó, todavía no fueron esclarecidos.
Durante una entrevista concedida a Radio Provincia, Rodríguez cuestionó que el Municipio haya utilizado el artículo 81 de la Ley Provincial Nº 236 para dictar una ordenanza por decreto. Según explicó, la norma contempla situaciones de emergencia, urgencia o relevancia cuando el Concejo se encuentra en receso, aunque remarcó que los cinco concejales permanecían en la provincia y que incluso la comisión de receso funcionaba con la totalidad de sus integrantes.
El edil señaló que, al iniciarse el período legislativo, fueron convocados a comisión funcionarios del área de Turismo para que explicaran los motivos de la medida y brindaran precisiones sobre el esquema de funcionamiento implementado en el complejo termal. Entre otros puntos, cuestionó que no existiera una partida específica para el destino de los recursos obtenidos mediante el cobro de ingresos.
Rodríguez también hizo referencia a las tarifas establecidas originalmente. Indicó que se contemplaba el pago de 60 mil pesos para permanecer en el predio con un vehículo y aseguró que tampoco estaban claramente definidos aspectos vinculados a los turnos de acceso. A su entender, la propuesta se alejaba del objetivo de garantizar que el espacio pudiera ser disfrutado por los vecinos de la localidad.
En ese contexto, planteó que nunca existió una instancia de discusión amplia sobre el futuro de las termas. Consideró que debieron haberse convocado representantes de la Cámara de Turismo, profesionales del sector, estudiantes y actores vinculados a la actividad para elaborar una planificación consensuada respecto del desarrollo del lugar.
El presidente del Concejo sostuvo además que aún existen cuestiones legales sin resolver. Mencionó que, según la información que maneja el cuerpo legislativo, las termas todavía presentan aspectos catastrales pendientes y aseguró que tampoco cuentan con toda la documentación necesaria vinculada a organismos provinciales competentes.
“Nunca renegamos sobre la recuperación de las termas, sino qué vamos a hacer con eso”, afirmó Rodríguez. En esa línea, consideró que todavía falta definir el perfil que tendrá el emprendimiento y cuál será el modelo de administración y aprovechamiento de un recurso que calificó como importante para Tolhuin y para toda la provincia.
Respecto de la relación con el Ejecutivo, el concejal aseguró que no existió voluntad política para avanzar en acuerdos que permitieran evitar el conflicto. Señaló que la apertura del complejo, la implementación de cobros mediante plataformas digitales y otros aspectos operativos fueron desarrollados sin que el Concejo recibiera información complementaria sobre los costos, la administración de los fondos o las condiciones generales de funcionamiento.
Sobre la recaudación obtenida desde la habilitación del predio, Rodríguez indicó que el secretario del área informó ante los concejales que se percibieron aproximadamente 57 millones de pesos. Sin embargo, sostuvo que el cuerpo desconoce cuánto dinero fue destinado a gastos operativos, seguridad, personal y otras erogaciones vinculadas al funcionamiento del complejo.
El edil también rechazó las declaraciones de la secretaria de Gobierno, Ana Paula Sejas, quien había acusado al Concejo Deliberante de obstaculizar proyectos estratégicos para la ciudad. “No somos una escribanía”, respondió Rodríguez, quien remarcó que la función del cuerpo es controlar y exigir que las decisiones estén respaldadas por documentación formal.
Finalmente, el presidente del Concejo cuestionó las ausencias registradas durante la sesión en la que se trató el tema. En particular, puso en duda los motivos esgrimidos por algunos funcionarios y dirigentes para justificar su inasistencia y consideró que detrás de esas decisiones existió una intención política de limitar el funcionamiento pleno del cuerpo deliberativo.
A pesar de las diferencias, Rodríguez aseguró que las termas pueden continuar funcionando y reiteró su pedido para que el Ejecutivo remita una nueva propuesta tarifaria. Según sostuvo, el objetivo es abrir una discusión más amplia que permita definir el futuro del complejo con participación de los distintos sectores de la comunidad y con reglas claras sobre su administración.
