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RÍO GRANDE.- El intendente Martín Perez, la presidente del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, y los concejales Jonatan Bogado y Walter Abregú participaron de un encuentro con ex combatientes de la ciudad para abordar la acción judicial presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto.
La presentación fue promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, con el objetivo de detener el proyecto de explotación petrolera “Sea Lion”, impulsado por empresas británicas e israelíes en aguas del Atlántico Sur.
Durante la reunión se analizó el alcance de la acción de amparo colectivo y la posibilidad de que el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante acompañen institucionalmente el reclamo.
El proyecto contempla la perforación de pozos submarinos en la Cuenca Malvinas Norte, ubicada a unos 220 kilómetros de las Islas Malvinas. Frente a esta iniciativa, la presentación judicial plantea dos ejes centrales: la defensa de la soberanía argentina sobre los recursos naturales y la preservación ambiental de una zona considerada estratégica.
En ese marco, Martín Perez expresó el respaldo del Municipio a la iniciativa judicial y planteó la necesidad de ampliar el acompañamiento a otras ciudades de la región.
“Desde Río Grande, Ciudad de la Soberanía, respaldamos esta acción y convocamos a que todas las ciudades del litoral patagónico sumen su respaldo y accionemos juntos para defender el Atlántico Sur”, sostuvo el intendente.
La presidente del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, sostuvo que “creemos que la explotación en esa zona tan próxima a las Islas Malvinas es ilegítima al tratarse de un espacio en disputa. Esos recursos son argentinos y fueguinos, no podemos permitir que estas potencias extranjeras extraigan hidrocarburos que nos pertenecen”.
La edil también cuestionó los aspectos ambientales vinculados con el emprendimiento. “Por otro lado existe una irregularidad ambiental, ya que no se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, tal como exige la legislación argentina”, afirmó.
En ese marco, la acción judicial solicita la suspensión de las obras y operaciones relacionadas con el proyecto, a partir de los posibles efectos ambientales que podría generar la explotación en el área marítima.
El planteo también incorpora una dimensión vinculada con la soberanía, al sostener la necesidad de resguardar los recursos naturales argentinos frente a actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el entorno de las Islas Malvinas, cuya soberanía permanece en disputa.
El acompañamiento institucional analizado por las autoridades municipales y los representantes del Concejo Deliberante apunta a respaldar el reclamo promovido por los ex combatientes y las organizaciones que impulsaron la presentación, reforzando la posición de Tierra del Fuego en defensa de los recursos naturales, el ambiente y los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
