RÍO GRANDE.- El escenario financiero de la ciudad se encuentra en un punto de extrema vulnerabilidad debido al retiro del Estado nacional en materia de inversión y asistencia. En una entrevista que brindó a FM La Isla, el intendente Martín Pérez denunció que la paralización de más de diez obras clave, que contaban con convenios firmados y ejecución en marcha, responde a una decisión política del gobierno central que golpea directamente la generación de empleo genuino. “Nosotros lo planteamos con datos concretos y reales”, sostuvo el mandatario, desmintiendo las versiones de sectores legislativos que intentan desligar la responsabilidad de la Casa Rosada en el freno de la infraestructura local.
La problemática del empleo se ha transformado en el eje central de la preocupación municipal, con un registro de 10.000 puestos de trabajo perdidos en el sector privado durante los últimos dos años. Pérez calificó la situación de la industria local como “alarmante”, vinculándola a un modelo económico nacional que, al destruir el consumo, anula la posibilidad de que los argentinos accedan a productos fabricados en la isla.
Ante este panorama, el municipio propuso utilizar fondos inmovilizados del FAMP para crear un seguro de desempleo que asista a los operarios desvinculados, una iniciativa que aún aguarda respuesta de las autoridades correspondientes.
En medio de este clima de tensión social, el jefe comunal buscó desactivar cualquier especulación sobre el calendario electoral del 2027. Pérez aseguró que “las ansiedades hay que guardarlas en un cajón” y que no es momento para que la política se pierda en discusiones de candidaturas anticipadas. Para el intendente, priorizar intereses particulares o imponer nombres por encima de un programa de gestión es un error que la dirigencia debe evitar si pretende construir una alternativa seria y transformadora para Tierra del Fuego.
El Intendente remarcó que su gestión está volcada íntegramente a “hacerse cargo de los temas que el gobierno nacional dejó de lado”, especialmente en salud, atención a adultos mayores y niñez. Ante el déficit de 27 mil millones de pesos mensuales que registra la provincia, Pérez insistió en que el rol de los funcionarios hoy debe ser el de acompañar al vecino en el territorio.
Concluyó que la prioridad absoluta es defender los recursos de la ciudad y la vigencia de la Ley 19.640, dejando claro que el debate por los cargos queda totalmente postergado frente a la necesidad de encontrar soluciones urgentes para los trabajadores desempleados.
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