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USHUAIA.- Elvia Agüero, referente de ATE en OSEF, mantuvo una extensa entrevista con Radio Provincia para reafirmar y detallar sus denuncias sobre las supuestas irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos. Según Agüero, la obra social paga hasta 1560% más por ciertos fármacos, a pesar de tener convenios con laboratorios que ofrecen descuentos de hasta el 98%. Estas transacciones, afirma, son una de las principales causas de la crisis financiera que atraviesa el organismo.
La representante sindical expuso un caso concreto que ilustra la magnitud del problema: un tratamiento oncológico cuyas dos cajas le costarían a OSEF $200.000, terminan siendo pagadas a través de convenios con prestadores por 32 millones de pesos. “No sé si los funcionarios son medios tontitos…,o hay algo más en el medio” se preguntó Agüero, al tiempo que sugirió la posibilidad de corrupción y cuestionando la falta de control.
Agüero también vinculó esta situación directamente con la crisis de la obra social, explicando que la falta de fondos para pagar las derivaciones de pacientes a centros especializados se debe a estos costos elevados. “Ese medicamento que pagamos 18 millones y que vos sabés que a nosotros nos sale 100.000 pesos, es la plata que le falta a tu mamá para poder viajar y hacerse tu tratamiento”, reflexionó, con la emoción a flor de piel, aludiendo a conversaciones con compañeros que atraviesan esta difícil situación.
La denuncia de Agüero, con toda la documentación en su poder, no ha sido llevada ante los tribunales. Ella lamentó que, a pesar de haber compartido toda esa documentación con “todo el mundo”, “nadie reaccionó”. La inacción de los legisladores, quienes recibieron la documentación y la catalogaron como “una comprita mal”, también refuerza su convicción de que las irregularidades quedan impunes. Agüero expresó que no tiene fe en que la Justicia vaya a actuar, y que teme tener que afrontar las costas de un juicio que no prospere.
Elvia Agüero concluyó con un llamado a la reflexión sobre la gestión de los recursos públicos. Para ella, el organismo no busca lucrar, sino “garantizar el servicio a los pocos afiliados que están en tratamiento” y a los 60.000 afiliados. Lamentó que “la legislatura como órgano de control antes de aprobar una ley de emergencia no se haya metido de fondo en este circuito de la compra de medicamentos que es fundamental”, lo que para ella demuestra que “no lo quieren hacer”.
