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RIO GRANDE.- En declaraciones a la prensa local, la referente del Sindicato de Docentes Universitarios (SIGDU) brindó detalles sobre la compleja coyuntura que enfrentan los trabajadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Benítez expuso en radio FM Del Pueblo que la pérdida del poder adquisitivo del sector ronda el 50 por ciento y vinculó esta caída con el incumplimiento de las normativas de financiamiento educativo. Según la gremialista, el presupuesto que envía el Gobierno Nacional para gastos de funcionamiento resulta insuficiente para cubrir las demandas mínimas de la institución.
La falta de respuestas derivó en una nueva jornada de protesta nacional que incluyó el cese de actividades tanto del personal docente como del no docente. La representante sindical manifestó que el escenario se vuelve más grave con el paso de los días y aclaró que la medida de fuerza busca visibilizar un conflicto que afecta a todo el sistema de educación superior del país.
Uno de los puntos más alarmantes del informe gremial se vincula con la sangría de recursos humanos calificados. Benítez fue enfática al señalar que “nuestros compañeros se están yendo porque obviamente los salarios son muy bajos respecto de otros sectores”.
Esta situación se traduce en números concretos, ya que en el transcurso de los últimos dos años se contabilizaron casi setenta renuncias, afectando principalmente a trabajadores que formaban parte de la planta regular de la universidad.
Para graficar la realidad económica de los profesionales, la secretaria general precisó que un docente “con diez años de antigüedad no supera los $400.000” de bolsillo. Esta cifra se da en un plantel compuesto por unas 750 personas, donde gran parte de los cargos son de baja dedicación horaria.
Esta estructura salarial condiciona las posibilidades de formación constante, ya que el ingreso percibido no guarda relación con la exigencia de capacitación continua que requiere la carrera académica.
El recorte también alcanzó el funcionamiento operativo cotidiano, llegando al extremo de no contar con fondos para viáticos destinados al traslado entre sedes, lo que entorpece las tareas institucionales básicas.
Ante este cuadro, Benítez describió que “el panorama es muy desolador” y observó cómo muchos profesionales migran hacia otros niveles de enseñanza o incluso a actividades totalmente ajenas a su especialidad para poder subsistir.
Respecto a la modalidad del reclamo, el sindicato optó por un paro de 24 horas para evitar un agotamiento prematuro en una disputa que prevén extensa. La dirigente concluyó que la lucha no solo es por el salario, sino por la protección del derecho a la educación de los alumnos, sosteniendo que el sistema universitario público “lo que hace es igualarnos y darnos las mismas posibilidades a todos”.
