La reforma laboral es ley

BUENOS AIRES.- El tablero del Senado reflejó una victoria holgada para el Gobierno nacional con un saldo de 42 votos a favor, 28 en contra y apenas dos abstenciones. De este modo, la gestión libertaria consiguió blindar uno de los ejes de su esquema de “modernización” económica. La aprobación se produjo poco después de que el cuerpo legislativo también validara la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, redondeando un día de fuerte peso institucional que desde la Casa Rosada califican como un paso fundamental para el programa de gobierno.

Para alcanzar este resultado, La Libertad Avanza tejió una red de acuerdos con las bancadas denominadas dialoguistas y mandatarios provinciales afines tras intensas negociaciones que demandaron varias semanas. Patricia Bullrich, en su rol de referente del espacio oficialista, encabezó la ingeniería política en el recinto y se mostró entusiasmada con la resolución junto a los legisladores de su tropa.

La sanción definitiva ratificó lo que ya venía con el visto bueno de la Cámara de Diputados, donde se había optado por quitar el polémico artículo 44. Dicho punto planteaba la posibilidad de recortar a la mitad los haberes en situaciones de licencias por enfermedades de gravedad o siniestros laborales, una modificación que resultó determinante para destrabar las voluntades necesarias en el recinto.

El nuevo mapa de las relaciones laborales

La normativa vigente a partir de ahora introduce giros profundos en el marco que regula el empleo y altera puntos sustanciales de la Ley de Contrato de Trabajo, además de afectar la dinámica de las organizaciones gremiales.

Dentro del paquete de medidas se destaca un nuevo esquema para las indemnizaciones, las cuales pasarán a computarse tomando únicamente el sueldo básico y dejando fuera del cálculo al aguinaldo, los premios y cualquier otro ítem adicional. Sumado a esto, el texto habilita la posibilidad de cancelar estos montos en cuotas. Por otra parte, se reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral, un sistema alternativo para afrontar las desvinculaciones que el Ejecutivo defiende como una vía para dar previsibilidad a las empresas.

Otro cambio de impacto es la caída de la denominada ultraactividad, lo que implica que los convenios colectivos que hayan expirado perderán vigencia automática de no mediar una nueva firma. Asimismo, se establecen límites más estrictos al ejercicio del derecho a huelga mediante la ampliación del catálogo de servicios esenciales y la exigencia de coberturas mínimas de prestación. El paquete se completa con la facultad de revisar estatutos profesionales y un reordenamiento de las tutelas y representaciones de los sindicatos.

Durante la argumentación técnica, el senador por Chaco, Juan Cruz Godoy, explicó que la intención de fondo es “reducir la litigiosidad” y brindar “certezas para empleadores y trabajadores”. El legislador también remarcó los beneficios previstos para las pequeñas y medianas empresas y la sintonía de la norma con los esquemas de inversión del RIGI.

La resistencia del bloque opositor

Desde las filas del bloque Justicialista el rechazo fue tajante y sin matices. Mariano Recalde apuntó contra lo que denominó una “ley monstruosa” por la escala de las modificaciones propuestas y cuestionó la celeridad del debate. El senador advirtió que el futuro de la norma “va derecho al conflicto judicial”.

En una sintonía similar, el jefe de la bancada peronista, José Mayans, utilizó calificativos más crudos al definirla como “una ley anti trabajador”. En su discurso, denunció que el texto atropella las garantías del artículo 14 bis de la Carta Magna y anticipó que la resolución final quedará en manos de los tribunales. A estas críticas se plegaron figuras como Jorge Capitanich, Marcelo Lewandowski y Daniel Bensusán, quienes insistieron en que el nuevo régimen fomenta la precariedad laboral sin asegurar la generación de puestos de trabajo genuinos.

En la vereda opuesta, los representantes del PRO y sus aliados sostuvieron la necesidad de estas reformas para dotar de competitividad al país y ofrecer garantías a quienes decidan invertir en el territorio nacional.

Hacia un nuevo paradigma

Para la administración de Milei, haber obtenido esta ley funciona como un mensaje directo hacia los mercados internacionales y los inversores privados. “Argentina quiere volver a crecer”, sentenció Bullrich en el tramo final de la sesión, argumentando que el esquema anterior solo servía para alimentar la informalidad laboral.

Aunque el Ejecutivo logra anotar un triunfo legislativo de peso, el panorama sugiere que la contienda se trasladará ahora a otros frentes. La CGT ya adelantó que prepara medidas de fuerza y presentaciones ante la justicia, mientras que diversos analistas advierten que la efectividad de la ley se pondrá a prueba en los próximos meses cuando las nuevas reglas de juego comiencen a aplicarse en la cotidianidad del mercado de trabajo.